Bajo Fuego
* Comunitarios 1
José Antonio Rivera Rosales
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| José Antonio Rivera. Periodista. |
Los grupos organizados de policías comunitarios pasaron a constituirse, por sí mismos, en un poder autónomo trastocado por la influencia nociva que ejercen en Guerrero diferentes poderes fácticos, sin que hasta el momento el gobierno advierta la peligrosidad que entrañan algunas formaciones de civiles armados.
En principio habrá que discernir criterios entre las diferentes formaciones que se hacen llamar policías comunitarias, pues algunas no lo son.
La definición de policías comunitarias parte de la concepción de que son organismos de seguridad y protección ceñidos a las decisiones de una asamblea popular representativa. En este sentido, las guardias armadas que no representan ni acatan ordenamientos emanados de una asamblea popular mayoritaria, no son policías comunitarios. Son grupos de civiles armados.
Las formaciones conocidas como autodefensas armadas pudieran responder a un interés legítimo de las comunidades, pero deben estar avaladas por un acta de asamblea con la participación respectiva de los comisarios y, en los casos de comunidades indígenas, los principales o ancianos, además de la expresión decidida de las mujeres de cada comunidad que, en el caso de las auténticas guardias comunitarias, cuentan con un espacio de representación.
Así pues, no todas las llamadas policías comunitarias responden a intereses de la población o están avaladas por actas de asamblea. En ese sentido, carecen por completo de legitimidad y representación.
Aunque la figura de las policías comunitarias existe desde hace mucho tiempo en los principios normativos de los pueblos y comunidades, llamados coloquialmente usos y costumbres, en los tiempos contemporáneos el caso emblemático lo constituye la fundación de la CRAC-PC, cuyos orígenes se remontan a 1993.
Por iniciativa de diferentes liderazgos indígenas -comisarios, comisariados, principales, líderes naturales- entre 1993 y 1995 se llevaron a cabo consultas en las decenas de comunidades que integran ese municipio de más de 42 mil habitantes.
Los resultados amplios de la consulta, que incluyeron a una porción mayoritaria de la población municipal, permitieron encauzar un amplio apoyo popular a la integración de un Consejo Regional de Autoridades Indígenas (CRAI), que funcionaría de manera horizontal acatando decisiones de la asamblea popular. El diseño original del sistema de justicia indígena, de corte circular, fue autoría de Bruno Plácido Valerio, uno de sus fundadores.
En menos de un año, la Policía Comunitaria de nueva creación logró reducir en un 90 por ciento la incidencia de robos, asaltos y violaciones que ocurrían con bastante frecuencia en el territorio indígena.
Un ejemplo claro lo constituye la comunidad de Cuanacaxtitlán, que con una población estimada de cinco mil habitantes, tenían más de medio centenar de muertos cada año.
El éxito de la comunitaria indígena pronto atrajo la atención de otros núcleos de población mestiza y negra de la Costa Chica, que comenzaron a replicar el mecanismo en sus respectivos territorios pero siempre concediendo créditos y pertenencia a la ahora llamada Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), como pasó a llamarse la anterior autoridad indígena.
Todo iba bien en el proyecto de seguridad y justicia indígena de San Luis Acatlán, hasta que en 2010 ingresaron a la CRAC-PC individuos ideologizados que vieron en ese movimiento un inédito laboratorio de experimentación político-ideológico, lo que provocó un choque con los fundadores.
Entre 2011 y 2012 se separaron del proyecto 26 comunidades indígenas que decidieron organizarse por su cuenta tomando como sede la comunidad de Santa Cruz del Rincón, en el municipio vecino de Malinaltepec.
Esas comunidades dieron en llamarse Los Pueblos Fundadores que, por cierto, desde entonces desahogan su propia agenda de seguridad inclusive en regiones alejadas del núcleo fundacional. Son los casos de la comunitaria de El Rincón de Chautla o de San Jerónimo Palantla, en el municipio náhuatl de Chilapa, que están integrados al proyecto de Los Pueblos Fundadores.
Por otro lado, en enero de 2011 se constituyó en la ciudad de Tlapa de Comonfort la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que contó con la participación de cientos de comisarios de diferentes pueblos de La Montaña Alta, así como de comunidades de Ayutla, Tecoanapa y Marquelia, de la Costa Chica de Guerrero.
Aunque esta nueva organización procuró enfilar su gestión a la defensa de los intereses de los pueblos de La Montaña, abandonados por el estado y asediados por incontables abusos oficiales, pronto tuvo que abandonar su objetivo original para asumir funciones de autodefensa armada.
Es así como surgió ante la opinión pública el 5 de enero de 2013 como una formación armada que, en ausencia de la autoridad, comenzó a enfrentar al crimen organizado que hacía insostenible la vida cotidiana de las comunidades pobres del municipio de Ayutla.
Ejemplos de las graves ofensas que enfrentaban los pobladores de Ayutla era el hecho de que los mandos criminales exigían una parte del ganado que eran la fuente de sustento de las familias o, en otros casos, la exigencia de pedir “prestadas” a hijas de las familias para divertir a los delincuentes. Como ya se dijo, era una situación insostenible.
A este tipo de incursión armada, que en unos cuantos días capturó a más de 50 criminales que mantenían bajo asedio a la población, los medios dieron en llamarle “autodefensas”, cuando en realidad no lo son.
La decisión de empuñar las armas fue analizada durante varias semanas de noviembre y diciembre de 2012 por las autoridades comunitarias de Ayutla, Tecoanapa y Marquelia, que en su conjunto decidieron lanzar la ofensiva popular para frenar de golpe las acciones infames de la delincuencia organizada, lo que no hacían las autoridades, ni estatales ni federales.
Claro que el antecedente inmediato se produjo en junio de 2012, cuando una turba enfurecida arremetió contra delincuentes y policías del municipio de Huamuxtitlán, a quienes acusaban de agravios similares. Esa fue, probablemente, la acción popular que detonó la irrupción organizada en Ayutla en enero de 2013. Lo que pasó después será tema de otra entrega.
Liliana Leonor Gutiérrez García, presidenta de este organismo asistencial, durante su intervención agradeció a su esposo el alcalde de este municipio, Jesús Parra García, por todo el apoyo brindado al DIF desde el inicio del gobierno.
Recordó que el DIF debe ser el lado humano del gobierno, “debe haber una atención de humildad a la ciudadanía".
