Demanda sociedad
civil incidir de manera
directa en
políticas de seguridad pública
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Arrancan a Astudillo
compromiso para reformar la Ley de Seguridad Pública estatal y se integre un
comité ciudadano al CESP; los consejos civiles hasta ahora sólo han servido de
ornato, señala líder de la Concamin Guerrero
Francisco
Javier Flores V.
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| Julián Urióstegui. El toro por los cuernos. |
Representantes de más de 60 organizaciones sociales
y de cámaras empresariales demandaron al gobernador Héctor Astudillo Flores una
reforma a la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, a fin de que
se integre un comité de participación ciudadana al Consejo Estatal de Seguridad
Pública con voz y voto para incidir en las políticas públicas en ese rubro.
En una reunión a puerta cerrada con el mandatario
estatal en Acapulco, los integrantes de la sociedad civil organizada entregaron
un proyecto de decreto que Astudillo se comprometió a revisar y en su caso
promoverlo para su aprobación a través del cauce legal correspondiente, en el
transcurso de las próximas dos o tres semanas.
El presidente de la Confederación de Cámaras
Empresariales (Concamin) en la entidad, Julián Urióstegui Carbajal, quien habló
a nombre de los convocados, explicó que básicamente la intención se centra en
dos puntos: Que dicho comité esté en condiciones de revisar los recursos que
llegan a Guerrero en materia de seguridad pública, “en qué y cómo se aplican” –dijo-,
así como participar en la discusión de las políticas públicas en materia de
seguridad, con voz y voto.
Indicó que esta decisión de ser partícipes de las
acciones en un tema “que es obligación del gobierno atender”, se debe a la
difícil situación que atraviesa el estado por la violencia creciente. “A
nosotros no nos gustaría meternos en estos temas, quisiéramos estar en nuestras
actividades propias, pero la situación es grave y lo sabemos, y dadas las
circunstancias estamos obligados a participar, y queremos ser responsables, no
solamente criticar y lamentarnos, sino apoyar para que la solución sea en
beneficio de toda la sociedad, no es solo una cuestión de los empresarios”,
expresó el joven representante.
Además, apuntó que en la mayoría de los estados del
país ya existen comités de participación ciudadana similares, y en sociedades
donde han comenzado a incidir, como el caso de Nuevo León, Querétaro o Tijuana,
“a la hora de lograr transparentar las políticas y los recursos pudieron
avanzar más rápidamente” en materia de seguridad pública.
Julián Urióstegui señaló que hasta ahora los
llamados consejos ciudadanos –que curiosamente siempre son encabezados por las
mismas personas- “son en muchos sentidos de ornato y no tienen ni voz ni voto,
entonces un consejo que no puede tener acceso a informes ni incidir en políticas
públicas es igual a casi nada”.
Recordó que en el caso de Acapulco, en su momento hicieron
ver al presidente municipal Evodio Velázquez, en febrero pasado, que el consejo
municipal que creó era un consejo a modo, y que había habido un acuerdo con el
secretario de Gobernación y el gobernador de sacar la convocatoria para
plantear el decreto de modificación a la Ley 281 que reforme sustancialmente el
tema, (sin embargo) el municipio se adelantó y puso a alguien a modo, no se
esperó a este acuerdo”.
Comentó que una vez logrado esta reforma legal se va
a constituir el comité estatal “y con ese mismo formato se van a ir replicando
a los municipales, con un nuevo orden”, además de que el representante se
elegirá ya sea por convocatoria abierta a organizaciones sociales o por
designación, siempre y cuando sea una representación emanada de la sociedad; “nosotros
sabemos muy bien quién es quién aquí”, sugirió.
Dijo que se cuidará que ya no queden los mismos de
siempre al frente, “y el gobernador estuvo de acuerdo y nos dijo justamente
que, cuidando las formas, va a hacer los cambios inmediatamente”, concluyó.
