Bajo Fuego. Amapola. Por José Antonio Rivera Rosales

Bajo Fuego

Amapola

 José Antonio Rivera Rosales

José Antonio Rivera.

   Por supuesto que sí: la legalización de la heroína sería el principio del fin de la violencia criminal que mantiene aterrorizada a miles de familias guerrerenses.

   La propuesta del gobernador Héctor Astudillo es innovadora y realista, aunque debe definirse con mayor precisión para determinar alcances y circunstancias inherentes que permitan condiciones de viabilidad.

   En agosto del año pasado, en este mismo espacio anotamos que, “si las drogas se legalizan y son reguladas por el Estado -por lo menos las drogas blandas, como la marihuana-, entonces se acabó el negocio y, por consecuencia, ya no habrá rutas ni territorios que disputar por las diferentes bandas que se dedican al trasiego y comercialización de las drogas”.

   Es bastante factible, aunque nadie podría asegurarlo, que tampoco existirían los delitos asociados a la violencia, los que desde luego tendrían más atención y recursos por parte del Estado Mexicano, observábamos más adelante en el mismo texto titulado entonces “Regulación de las drogas”.

   Esto es lo que, en efecto, en el pasado reciente procedieron a instrumentar países con democracias avanzadas, como los nórdicos y los llamados Países Bajos que, así, convirtieron un problema policiaco y de seguridad nacional en un problema de salud pública.

   Contra lo que pudiera pensarse, el costo de tal transición resultó ser significativamente menor que mediante la aplicación del modelo persecutorio, el cual en México ha costado más de 150 mil vidas además del costo de operaciones del aparato persecutor, que incluye a las diferentes dependencias militares, corporaciones policiacas, ministerios públicos, jueces y un sistema carcelario a punto de reventar.

   Más que la simple legalización, es la regulación del mercado de drogas por parte del Estado Mexicano la única salida viable para conjurar la violencia criminal que mantiene atenazado a un sector de la sociedad guerrerense que, por las buenas o por las malas, colabora con la economía subterránea que genera una riqueza abrumadora al crimen organizado, mientras la otra parte de la comunidad se mantiene paralizada, expectante, rezando para no ser víctima de este fenómeno que, además, genera una grave distorsión de la economía mexicana.

   Pero, además, si una iniciativa tan innovadora será impulsada por el gobernador, es pertinente no esperar tiempos adicionales dado que informaciones calificadas apuntan a que el fenómeno de la producción y consumo de heroína está al alza, lo que preludia en términos proporcionales una nueva escalada de violencia para los próximos años.

   InSigth Crime, la fundación que investiga el crimen organizado en América Latina, en uno de sus últimos reportes relata que, en respuesta a una encuesta, en 2015 un gran total de 681 mil personas habían consumido heroína el año anterior, contra 373 mil personas que  habían contestado en afirmativo el año 2007. Es decir, un incremento del ciento por ciento en ocho años.

   Según diversos parámetros citados por InSight Crime, financiada por la fundación Open Society, entre 2013 y 2015 el consumo de heroína se incrementó un 65 por ciento en el mercado negro norteamericano, que es el principal centro de consumo de la heroína producida en el estado de Guerrero.

   Otro indicador, ahora de Naciones Unidas, apunta a que el 38 por ciento de la heroína que circula en los Estados Unidos proviene nada menos que del estado de Guerrero, que se alza así con el primer lugar nacional en producción de goma de opio, de donde se deriva la heroína. Es un dato nada alentador.

   InSigth Crime abunda que, según cifras oficiales de la Secretaría de la Defensa, las tropas mexicanas incautaron 257 kilogramos de heroína en 2014, lo que se traduce según la misma fuente en 42 por ciento más que lo decomisado en 2013.

   Pero estas cifras de decomiso de droga apenas son un indicador de la producción real de goma de opio de la Sierra Madre del Sur, operaciones en las que participan miles de familias guerrerenses obligadas por el hambre y la miseria. Cálculos independientes consideran que el valor estimado de la producción de goma de amapola en la región sobrepasa los 10 mil millones de dólares. De ese tamaño es el negocio.

   Por otra parte la fundación de investigación, que cita reportes oficiales, establece que entre 2013 y 2014 los choques armados en Guerrero obligaron a emigrar -más bien, a huir- a dos mil 900 personas.

   Sin embargo, estamos ante un reporte con datos nada exactos: ya en 2013 un conteo periodístico estimaba en más de 7 mil las personas que habían abandonado la sierra, en grupos o por sí solas, huyendo de la violencia de las bandas delincuenciales. Esos datos incluían migraciones forzadas en ambos lados de la cordillera, tanto en el litoral costero -municipios de Petatlán, Tecpan, Atoyac y Coyuca de Benítez-, como en su vertiente interior -municipios de Coyuca de Catalán, San Miguel Totalapan, Ajuchitlán y Tlacotepec-.

   Es decir, precisamente en los municipios con mayor producción de amapola. Como vemos, la producción de amapola en la Sierra Madre del Sur es una cuestión de vida o muerte.

   Por eso es bienvenida una propuesta tan progresista y visionaria del gobernador Astudillo que, sin embargo, debe buscar la manera de acompañarla con políticas públicas integrales y decididas que permitan revertir tan caótica situación. Su decisión final será juzgada por la historia.