Bajo Fuego
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Cohabitar con el crimen
José Antonio
Rivera Rosales
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| José Antonio Rivera. Periodista. |
Como en sus mejores tiempos, el puerto de Acapulco
rebosa con una ocupación de turismo nacional superior al 90 por ciento.
Este innegable
logro ha generado algarabía en el sector oficial, desde el alcalde hasta el
gobernador, pasando por el jefe de la Policía Federal, quienes con mexicana
alegría se han dedicado a festinar el hecho, al extremo de considerar que las
condiciones en este balneario son de completa tranquilidad… para el turismo.
No obstante,
la ceñuda realidad insiste en desmentirlos: los homicidios se dispararon como
en la peor temporada de 2011, cuando la Costera Miguel Alemán lucía desierta
desde las ocho o nueve de la noche debido a la violencia ejercida por los
grupos criminales que se disputaban la plaza a sangre y fuego.
En la
primera semana de temporada vacacional en este puerto se produjeron de 36 a 38
asesinatos, según diferentes recuentos, pese a que más de cuatro mil 500
efectivos de los tres órdenes de gobierno mantienen un dispositivo de
vigilancia impresionante -apoyado en vehículos artillados y patrullaje aéreo-,
pero que sirve de muy poco para frenar o inhibir la violencia homicida.
El colmo de
esta problemática lo configuran las declaraciones del comisario de la Policía
Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien en tragicómicas declaraciones de
prensa dijo que la dependencia a su cargo mide su eficacia por la ocupación
hotelera, no por la incidencia delictiva.
Una
respuesta tajante provino de Adrián Wences Carrasco, el dirigente formal del
Partido Movimiento Ciudadano, quien estimó que el comisionado Galindo “nos está
diciendo que mientras haya turistas las muertes no importan”, actitud que
refleja una postura de “frivolidad e indolencia”, definición personal a la que
agregó los conceptos “inhumano, utilitarista y estremecedor”.
Aunque no
dejan de ser calificativos, esos términos apenas alcanzan para caracterizar la
postura de un funcionario de alto nivel del gobierno de la república, de quien
se espera una postura seria, preocupada y comprometida con la sociedad a la que
juró servir y proteger.
Por el
contrario, el comisario Galindo se vio como un personaje de novela negra que se
ríe de la desgracia de los guerrerenses que, como lo refirió Wences Carrasco,
día a día enfrentan una realidad sangrienta.
Como
anotábamos líneas arriba, en 2011 los ciudadanos porteños comenzaron a
refugiarse en sus casas para escapar de una situación dramática en la que
menudearon los descuartizados, decapitados, desollados en diferentes puntos de
la ciudad, inclusive cercanos a la Costera, como consecuencia de una disputa
entre dos grupos criminales: la autollamada “Barredora” y su “Comando del
Diablo”, contra la estructura delincuencial conocida como Cartel Independiente
de Acapulco (CIDA).
En los
hechos, se enfrentaban tropas del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán contra
efectivos del grupo de los Beltrán Leyva.
La
diferencia es que los homicidios y confrontaciones se producían entonces en la
obscuridad de la noche y sólo por equivocación algunos choques llegaron a
alterar la Costera Miguel Alemán, zona a la que se consideraba intocable aún
por los criminales.
En estos
tiempos, por desgracia, los atentados se cometen a plena luz del día, en las
narices de las Fuerzas Federales e inclusive en la franja de playa, donde los
vándalos han cometido asesinatos frente a turistas nacionales o extranjeros.
Son tres
formaciones delincuenciales las que se disputan actualmente la plaza en este
puerto de Acapulco: un grupo autodenominado Fuerzas Especiales Unidas por
Acapulco (FEDA), los sobrevivientes de lo que queda del CIDA, y un tercer actor
que en realidad siempre ha estado presente, aunque con bajo perfil: La Empresa,
término con el que se identifican los remanentes de los Beltrán Leyva, ahora
dirigidos por Clara Elena Laborín, la esposa del capo Héctor Beltrán Leyva.
Ello, sin
contar con las incursiones de pequeños grupos independientes que en el caló
delincuencial son identificados como “chapulines”, que aprovechan las lagunas
de los tres cárteles mayores para secuestrar, asaltar, extorsionar y asesinar.
Este es el
espectro delincuencial que supuestamente combate la estrategia anticrimen
diseñada por el mando de la Novena Región Militar, general Alejandro Saavedra Hernández,
que ha logrado algunas aprehensiones pero que, lamentablemente, parece estar
ayuno de información relevante que le permita capturar a los principales
liderazgos de las formaciones criminales, especialmente de las más violentas.
Si el mando
militar pudiera concretar la aprehensión de los líderes criminales más
sanguinarios, que no pasan de ser unas cuatro o cinco personas, el índice de
violencia bajaría entre el 60 y el 80 por ciento, lo que generaría una
percepción de mayor seguridad para la ciudadanía y, por extensión, habría
-ahora sí- un ambiente de mayor tranquilidad para todos, población local y
turismo.
Tal parece
que en la cúpula gubernamental -mandos militares, gobierno del estado, gobierno
municipal- existe algún proceso de desinformación generado en mandos
intermedios de las corporaciones federales que, a querer o no, se benefician de
esta guerra de bandas delincuenciales, obteniendo canonjías personales a expensas
de la violencia homicida que mantiene en vilo a la sociedad.
Aunque
parezca irracional, a estas alturas se entiende el reclamo de algunos
representantes del sector privado local que, con justa razón, demandan a los
grupos criminales que se pongan de acuerdo para ver a quién le pagan la cuota
de sus negocios.
Tal parece
que los comerciantes están dispuestos a pagar a una banda delincuencial, pero jamás pagar los
impuestos a la autoridad, que se mira impotente para generar condiciones de
estabilidad.
Vistas así
las cosas sólo queda preguntar: ¿Qué es lo que hace falta para detener esta
oleada imparable de violencia?
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