Bajo Fuego
* Héroes entre nosotros
José Antonio Rivera Rosales
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| José Antonio Rivera. Periodista. |
El Senado de la República aún debate intramuros a quién otorgará la Medalla Belisario Domínguez, que se entrega a ciudadanos mexicanos que hayan protagonizado algún acto destacado en beneficio de la comunidad, como fue el caso de Gonzalo Miguel Rivas Cámara.
Como aún recuerdan los pobladores de Chilpancingo, el 12 de diciembre de 2011 se produjo un enfrentamiento entre estudiantes de Ayotzinapa y fuerzas gubernamentales, con un saldo fatal de dos jóvenes normalistas muertos a tiros.
Fueron tiros precisos que alcanzaron a los jóvenes estudiantes en la frente y la base del cuello, en forma respectiva. Ahí quedaron, en el pavimento, los cuerpos de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
Antes y después los normalistas habían protagonizado choques intermitentes contra grupos policiales comandados por el general Ramón Arreola, quien pretendió desalojarlos de la Autopista del Sol a golpes de tolete.
La emboscada, que con bastante probabilidad fue ejecutada por policías federales, causó tal impacto y furor entre los jóvenes estudiantes que en respuesta se lanzaron con mayor furia contra las corporaciones policiacas estatales y federales que los reprimían.
Nunca quedó suficientemente claro quién verdaderamente asesinó a los muchachos, que pasaron a integrar el memorial de víctimas de Ayotzinapa, en particular porque hubo fotos que captaron a agentes judiciales del estado también accionando sus fusiles contra la masa estudiantil justamente enfurecida.
Sin embargo, a juzgar por la información que en su momento trascendió, los impactos provenían de fusiles G-3, que portaban los efectivos de la Policía Federal quienes, hay que decirlo con todas sus letras, actuaron con saña desmedida contra los normalistas. Los federales nunca fueron sometidos a investigación ni mucho menos llevados a juicio.
Aunque nada puede justificar la respuesta, esa condición emocional fue probablemente lo que orilló a un grupo pequeño de estudiantes a intentar producir un incendio en la gasolinera adyacente, lo que pudo terminar en una conflagración de alcances inimaginables.
Es ahí cuando interviene Rivas Cámara que, luego de accionar la palanca de seguridad que cierra las válvulas de gasolina, procedió a sofocar el incendio de una de las bombas despachadoras para evitar que se extendiera.
Esa intervención le costó la vida. Tardó casi todo el mes de diciembre en agonía y finalmente murió el día primero de enero de 2012 a consecuencia de las quemaduras que consumieron su cuerpo. Fue una agonía atroz.
Si el Senado le concede o no la presea a Rivas Cámara, eso no le quita un ápice de heroísmo y valor civil a ese ingeniero en sistemas que por las mañanas trabajaba en la gasolinera y por las tardes en un periódico local donde diseñaba las páginas noticiosas del día siguiente.
No se trata, como dicen algunos, de criminalizar a la Normal de Ayotzinapa, sino de reconocer un acto de valor civil que sin duda salvó muchas vidas y evitó que se extendiera la tragedia de los dos jóvenes asesinados ese día.
Para valorarlo en su real dimensión, sólo habría que imaginar la escena dantesca que se habría producido si Rivas Cámara no hubiese procedido como lo hizo: el incendio se habría propagado a otras instalaciones cercanas con un saldo mucho mayor de vidas humanas. Si este héroe chilpancingueño se hubiera paralizado por el miedo, caro habría pagado la ciudad dicho atentado.
Porque de que éste fue un atentado criminal, ni duda cabe. Fue un acto criminal por donde quiera que se le vea.
Y, en sentido inverso de quienes dicen que no fueron estudiantes de Ayotzinapa los que provocaron el siniestro, habrá que decir que las autoridades federales tienen perfectamente identificado al responsable de haber provocado el incendio que causó la muerte de Rivas Cámara. Ese responsable tiene ahora la condición de exalumno de Ayotzinapa, y se pasea impunemente por las calles de Atoyac.
¿Por qué no lo detuvieron en su momento las autoridades federales? Es claro que aquel diciembre de 2011 y en los meses posteriores la atención se centró en resolver el conflicto resultante. A nadie -ni en el gobierno estatal de Ángel Aguirre ni en el gobierno federal- le interesaba profundizar en las investigaciones, sino más bien les urgía apaciguar la crisis que los homicidios causaron al gobierno de Ángel Aguirre.
Si el Senado de la República cumple su función de galardonar post mortem a ese héroe civil chilpancingueño, entonces habrá cumplido la misión ética a que lo obligan los principios por los cuales fue creada la Medalla Belisario Domínguez, lo que será un gran consuelo para la familia del joven Rivas Cámara.
Muchas veces la ética nos obliga a actuar en una tenue línea que se desplaza por el filo de la navaja. Esa es la actuación que se exige ahora al Senado, que deberá apartarse de criterios políticos para simplemente reconocer un acto de valor y ética civil.
Eso también debieran entenderlo las gentes que promueven un discurso de odio sin fin, las mismas que desearían que se hubiera producido la catástrofe evitada por Rivas Cámara para poder lucrar políticamente con la sangre derramada.
Por desgracia, tres años después de esa tragedia se produjo otra mayor en la que 43 normalistas del mismo plantel fueron desaparecidos por una fuerza conjunta de policías municipales y sicarios de un grupo delictivo, ante la mirada omisa de cuerpos federales que en todo momento estuvieron informados de lo que ocurría y nunca intervinieron para evitarlo.
Las agresiones de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 marcaron para siempre al gobierno de Enrique Peña Nieto, al del gobernador Ángel Aguirre Rivero, así como dejaron una huella profunda en el país entero.
Empero, la justicia jamás llegará desde las instancias impartidoras que existen en el país, contaminadas como están por el círculo vicioso que se origina en el mercado depredador, sino desde la instancia internacional que, en solidaridad con la población de a pie, deberá actuar hasta las últimas consecuencias.
