Acatará lo que
decida el Congreso respecto a
su
permanencia, afirma el gobernador Ortega
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En política nadie es
monedita de oro, responde a sus detractores que lo acusan de meterle mano al
proceso electoral para favorecer a la candidata Beatriz Mojica
Francisco Javier Flores V.
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El gobernador, en entrevista. |
“En política nadie es monedita
de oro”, expresó la tarde de ayer viernes el gobernador Rogelio Ortega
Martínez, quien aseguró que acatará “con absoluta humildad” lo que el Congreso
local decida el próximo día 26 de este mes, respecto a su permanencia o no como
titular del Poder Ejecutivo del estado.
Al salir de una reunión con el
secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Gerardo Ruiz
Esparza, en Acapulco, Ortega Martínez respondió así al cuestionamiento hecho
por reporteros respecto a que hay voces que están pidiendo su reemplazo como
gobernador interino y acusaciones de algunos actores políticos de que está
metiendo las manos en el proceso electoral para favorecer a la candidata de la
coalición PRD-PT a la gubernatura, Beatriz Mojica Morga.
“El Congreso en su absoluta
libertad, independencia y soberanía, lo que ellos (los diputados) decidan el 26
yo lo acato con absoluta humildad”, dijo en torno a la fecha en que fenece el
plazo de la licencia solicitada por el gobernador Angel Aguirre Rivero, y
cuando la Cámara de Diputados tendrá que decidir si ratifica a Rogelio Ortega o
lo sustituye.
A la vez, rechazó categórico
estar interviniendo en el proceso electoral a favor de la perredista. “No es
verdad, de ser así hubiera acompañado a Beatriz Mojica en su arranque de
campaña o estaría yendo los sábados y domingos, como otros gobernadores lo
hacían, acompañar las candidaturas del partido de su preferencia; no lo hago y
no lo voy a hacer. No es verdad”, insistió.
Agregó en torno a las
acusaciones, hechas fundamentalmente por los partidos Movimiento Ciudadano (MC),
PRI y PAN: “No voy a meterme a un pleito que no es correcto con ningún
candidato; cuando ellos digan algo sobre mi persona, tendrían que estar
obligados a demostrarlo con pruebas
fehacientes, pero yo no voy a responder porque no abona eso a la ruta de
armonía y de diálogo propositivo y de reconstrucción del tejido social, ni a la
reconciliación en el estado de Guerrero. No lo voy a hacer”, puntualizó.
Pacto de civilidad
Por otro lado, el mandatario
estatal adelantó que la próxima semana convocará a la firma de un pacto de
civilidad, documento que, dijo, será suscrito por los dirigentes de todos los
partidos políticos, representantes de todas las fracciones parlamentarias en el
Congreso local, el Poder Judicial, los candidatos a la gubernatura, presidentes
municipales y los organismos electorales, incluida la Fepade, a fin de
garantizar una elección en paz, y que la gobernabilidad y la sucesión de los poderes
públicos en el estado se lleve a cabo en la ruta de la armonía y reconciliacióm
que necesita el pueblo de Guerrero.
A la firma de este pacto,
dijo, tiene proyectado invitar como testigo de honor al presidente del
Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello. Esta especie de
blindaje a la elección, apuntó, incluirá puntos como el que candidatos y
partidos se comprometan a desarrollar una campaña propositiva, que no sea de
diatribas ni de confrontaciones estériles, “y que todos vayamos en un clima de
armonía el día de la elección y respetar el resultado de la voluntad popular al
día siguiente”, entre otros, dijo, no más de diez puntos, y que serán “la base,
la plataforma para un gran pacto de civilidad para la armonía y la paz del
estado”.
Paristas, delincuentes
En torno al conflicto laboral
que involucra a trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, si bien subrayó
que es un problema que atañe al Poder Judicial, admitió que el Ejecutivo ha
intervenido a petición de la magistrada presidenta Lambertina Galeana Marín y
el pleno de los magistrados, tanto con el envío de los elementos de seguridad
pública a los edificios en paro como con una propuesta económica “desde las
magras finanzas del Ejecutivo”, para poder resolver el asunto laboral.
Ortega Martínez aseguró que
hasta el momento no se ha procedido a ningún desalojo y que la presencia
policial es solamente para garantizar el acceso a los ciudadanos que acuden a
los palacios de justicia a realizar gestiones, a la vez que acusó a los
paristas, los cuales, afirmó, son empleados de confianza que con ese movimiento
están poniendo en riesgo su empleo y su salario, porque el paro es ilegal, pero
además están infringiendo la ley al obstaculizar el derecho de terceros a la
justicia.
Insistió en que no se puede
hablar de un desalojo porque no se trata de una huelga y no está de por medio
ningún sindicato; que los policías que han acudido –y seguirán acudiendo-
solamente proceden a abrir las puertas para que las personas que van a hacer
sus trámites puedan ingresar libremente. En ese sentido consideró grave que los
paristas –cuya demanda principal es aumento salarial- estén obstruyendo el
acceso porque “en Derecho los tiempos y las formas son cruciales, se puede perder
un juicio de gran magnitud o uno tan simple como una pensión alimenticia,
simple y sencillamente porque no asistieron en tiempo y forma”.
Finalmente, en torno a los
trabajadores de la Secretaría de la Mujer, también en conflicto laboral, señaló
que se trata de empleados de confianza a quienes se les está pidiendo que se
retiren. “Ellos deben saber que cuando llega una nueva administración se tienen
que ir, tienen que presentar voluntariamente su renuncia, y si no la presentan
entonces qué vamos a hacer”, concluyó.
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