¡VOY MANO!
Guerrero:
Aristas postelectorales
Por Emilio García Cárdenas

Marco Antonio Terán Porcayo,
aunque es un profesional de la medicina con gran prestigio en Acapulco y
digamos que también en Guerrero (fue director del Instituto Estatal de Cancerología
por largos catorce años, desde su fundación en 1998), nunca fue un político prominente
y reconocido, con el arraigo y arrastre popular que per sé le ubicaran como un real competidor por la alcaldía de
Acapulco. Encuestas diversas realizadas antes y durante el proceso electoral,
siempre lo ubicaron en el tercer lugar de las preferencias, por debajo del
candidato del PAN, Zeferino Torreblanca Galindo, y seguido muy de cerca por el
candidato del Partido Verde Ecologista.
Fueron solo las siglas del PRI
las que posicionaron a Porcayo en ese tercer sitio desde su postulación; caso
contrario, por su sola trayectoria, los candidatos del PVEM y Partido
Movimiento Ciudadano, el empresario Joaquín Badillo Escamilla y el diputado
federal con licencia Víctor Jorrín Lozano, respectivamente, sin problemas lo
hubieran rebasado.
Ocurrió sin embargo un extraño
fenómeno. En el último mes de campaña, el PRI echó toda la carne al asador en
Acapulco para garantizar con su gran caudal de votos la victoria de su
candidato a gobernador, básicamente, logrando aumentar la tendencia de éste en
el puerto en más de 50 mil votos, suficientes para lograr la diferencia a nivel
estatal.
Lo que la candidata del PRD-PT
al gobierno del estado reclama con legítimo derecho -jurídico y político-, es
que para poder obtener el triunfo, el PRI-PVEM derrochó recursos económicos
para la compra del voto y con el apoyo del crimen organizado coaccionó e
inhibió a los votantes, y de sus dichos está dispuesta a aportar pruebas ante
los tribunales.
Cuestionar a la ligera la
actitud de Mojica es como indicarle al grueso de la sociedad que cuando sufra o
sea testigo de la comisión de un delito, lo mejor es callar para no arriesgar
su integridad, por el bien de la gobernabilidad, o sencillamente para que las
instancias oficiales ocupen su tiempo y recursos en cualquier cosa que no sea
el cumplimiento de la ley.
Es cierto que al doctor
Porcayo no se le puede cuestionar tampoco su derecho de impugnar la elección en
que participó, pero deberá demostrar que no sólo está sirviendo como moneda de
cambio, aduciendo que porque ganó el candidato a gobernador del PRI también es
lógico que haya ganado él, y como presionando a la dirigencia perredista y a su
candidata para que acepten de una vez por todas su derrota en la gubernatura.
Mojica difícilmente logrará
que los tribunales quiten la gubernatura a Astudillo para otorgársela a ella, o
dictaminar que el proceso se repita; no hay antecedentes de eso en nuestra
incipiente democracia, pero eso no le quita el derecho de sentar un precedente
para que en futuras elecciones, en las que seguramente ella participará, se
vigile y sancione de una vez por todas el cumplimiento de los topes de campaña
y la no injerencia de fuerzas oscuras en los procesos.
Porcayo pudiera, en su caso,
revertir la diferencia de votos que no es tan amplia como en el caso de la
gubernatura, pero se vería obligado a explicar, también, cómo es que de la nada
pudo remontar la tendencia tan adversa que hasta el mes de mayo tenía en la
intención del voto, una de las argumentaciones que trae consigo Mojica en su
intento de demostrar que, al menos en Acapulco, los números cambiaron de la
noche a la mañana para beneficio del PRI, de forma por demás extraña y
misteriosa.
Más que llamar a Beatriz a
aceptar su derrota y terminar de legitimar a Astudillo, lo que le conviene al
PRI es no remover más las aguas en Acapulco, porque ¿y si sucede que se descubren
cosas que más que beneficiar a Porcayo, perjudican a sus compañeros candidatos?
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