Una postura crítica: Mando Único,
avasallamiento al municipio libre y soberano
Por Alfredo Pérez Zárate*
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| Alfredo Pérez Zárate. Abogado. |
La derogación o reforma sustancial del 115 constitucional, que se cocina desde hace algún tiempo en el Senado de la República, es una decisión peligrosa que pudiera generar problemáticas en el tema de la seguridad publica del país, más graves de las que intenta resolver.
Aunque la instauración del Mando Único Policial (MUP) ha figurado en el centro de un debate de alcance nacional, en los hechos su cercana discusión en el Congreso de la Unión constituye un verdadero riesgo para la seguridad nacional.
Arropado por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) -ese organismo carente de representatividad legitima que se ha convertido en un interlocutor fáctico del presidente de la república- la propuesta del Mando Único avanza irremisiblemente hacia un proceso de legalización por parte del Congreso de la Unión- no obstante que nadie ha hecho públicas sus características fundamentales.
Es decir, hay una desinformación total en torno de ese nuevo modelo de operación policiaca.Dado que no existe suficiente información sobre esa nueva figura policial, lo que aquí podemos hacer es inferir sus rasgos principales a partir de la precaria información que ha trascendido al público.
Este proyecto fue ideado inicialmente por el panismo (fue propuesta del expresidente Felipe Calderón), pero ante un desbordamiento creciente e inequívoco de la violencia, fue retomado por la actual administración de Enrique Peña Nieto como una fórmula para presentar un frente unitario a las bandas del crimen organizado que pululan por todo el país.
Un principio fundamental del MUP consiste en la centralización del mando de las un mil 800 policías municipales existentes en todo el país, que se reagruparían en 32 policías estatales. Ello implicaria, por necesidad, la desaparición en los hechos (aunque teoricamente no) de las policías municipales que existen en cada uno de los municipios.
Pero ¿de verdad la supresión de las policías municipales, a las que se imputa una amplia porción de responsabilidad en la violencia rampante ( como es el caso de Acapulco ) que afecta a Guerrero y al país, es la solución a la problemática?
Como es obvio suponer, la discusión ahora con el triunfo de AMLO, que estária por arrancar en el Senado de la República se enfocará directamente hacia la derogación de una parte del 115 constitucional, además de otras normas fundamentales correlacionadas.
Obviando el atentado contra la autonomía del municipio libre, el primer punto para la reflexión radica en la propuesta misma, es decir, en el proyecto de centralización del mando.
Un ejemplo a la mano es la División de Gendarmería de la Policía Federal, que fue creada como un modelo policial de proximidad social -es decir, algo muy parecido a la policía municipal-
Sin embargo, la Gendarmería no ha estado exenta, pues ha sido en determinado momento, acusada de lo mismo que se acusa a las municipales: que está siendo infiltrada por el crimen organizado, con la diferencia de que al ser un organismo policiaco federal, esa infiltración adquiere un rango de mayor peligro y punibilidad.
Así pues, un mando centralizado de ningún modo evitará que la nueva corporación estatal que sustituirá o absorvera a las municipales incurra precisamente en lo mismo: en contaminarse frente a la capacidad corruptora de los cárteles del narcotráfico.
Una segunda observación es que las 81 policías municipales, en el caso de Guerrero, han carecido históricamente de salarios a la altura del riesgo que enfrentan, no cuentan con pertrechos ni entrenamiento profesional, ni siquiera de un número suficiente en su estado de fuerza. Mucho menos cuentan con armamento a la altura de las circunstancias. De la certificacion profesional del policia ya no se habla.
Es decir, las policías municipales -especialmente en Guerrero- han estado históricamente en el olvido, una falla fundamental que no es imputable a su estructura sino a las decisiones de gobierno: desde la Federación, pasando por los estados y, desde luego, terminando con cada administración municipal en turno. Para ello la falta de suficiente presupuesto publico ha sido una constante.
Así las cosas, si los policías municipales afrontan salarios de hambre, sobrecargas de trabajo, carencias básicas de equipamiento, patrullajes en condiciones riesgosas y, para colmo, armas deficientes ¿cómo pueden pedirles que enfrenten a un enemigo superior en armamento, equipo, logística, transporte y enorme capacidad corruptora?
Además, el combate al crimen organizado es una facultad de las corporaciones federales, no de las municipales.
En alguna fecha, el gobernador Héctor Astudillo pidió públicamente al Exsecretario de Seguridad Pública del Estado, general Pedro Almazán Cervantes, que en seis meses tuviera lista la primera dotación de la nueva corporación que sustituirá a las policías municipales. Cosa que nunca ocurrio.
Eso es, debemos decirlo, simplemente imposible. ¿Por qué? Porque primero habrá que tener listo el nuevo andamiaje jurídico que soportará el cambio al Mando Único, para después proceder a la formación de la nueva corporación.
Pero para contar con una nueva estructura jurídica ¿No sería correcto someterla a consulta popular, tal como hizo el gobernador con otros temas que pasarán a ser parte del Plan Estatal de Desarrollo?
En nuestra opinión, el problema no es tanto las capacidades de las policías municipales, sino la corrupción. Pero la corrupción ( esta mas que comprobado) es un modus operandi inherente al funcionamiento de la misma administración pública en todo el país.
Así pues, primero hay que hacer la limpieza en las más altas instancias del gobierno federal y los gobiernos estatales, y luego pensar en sanear a las corporaciones municipales.
Y esto no será posible sino se transparenta y se democratiza el proceso de selección de los fiscales anticorrupcion, (proceso que en teoría entraria en 2016) pero que por intereses facciosos no fue asi , para dejar vigente y funcionando el Sistema Nacional Anticorrupción, que comenzará a revisar la conducta y la ruta del dinero de muchos funcionarios públicos y políticos involucrados en actos de corrupción.
Todo este tema de interes general , tan delicado para la población, debe ser sometido primero a una consulta pública. De otro modo, sólo será otro elefante blanco creado por el gobierno federal como un homenaje a la simulación. Conste.-
(*) Presidente del Foro Guerrerense de Abogados.
La directora general de los CENDIS en Guerrero, gestionados a través del Frente “Tierra y Libertad”, Francisca Alma Juárez Altamirano, destacó que con esta inauguración se da un paso más en la consolidación de los primeros cuatro centros que fueron autorizados a nuestro estado, pues a los de Iguala y Acapulco que ya se encuentran en funcionamiento, pronto se sumarán los de Zumpango y Chilpancingo, una vez que se resuelva la situación de sus edificios.
