¿Ley mordaza en Guerrero?
Redacción/REBELDE
Abarca Escamilla. Herencia maldita. |
Rogelio Ortega Martínez lo ha
dicho claro: los problemas de Guerrero son una herencia maldita.
Y entre esa herencia el
gobernador sabe que sigue incrustada en el gabinete gente nefasta especialista
en generar conflictos. Un caso emblemático lo representa el aguirrista
Francisco Abarca Escamilla, quien fue sacrificado a finales del 2012 por su
amigo, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, ante los problemas que
generó con el magisterio.
Abarca Escamilla fue
subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Guerrero.
Graves señalamientos se hicieron contra la persona de este hombre originario de
Tecpan de Galeana. Francisco Abarca fue despedido del cargo por instrumentar
políticas abusivas y represivas y, principalmente, porque le cayeron en la
maroma de la venta de plazas al mejor postor, negocio que entonces era
controlado desde la ciudad de Iguala. ¿Pruebas?, no se necesitan, porque el
señalamiento en su contra se hizo por corrupto, no por tonto.
Abarca Escamilla sigue
haciendo de las suyas. Ahora, en venganza contra medios de comunicación y
periodistas, desde la secretaría de Finanzas donde logró incrustarse impone
duros candados para el pago de convenios y contratos de difusión, en su afán
por controlar a las líneas editoriales. Sí, desde la Secretaría de Finanzas y
Administración este sujeto de media suela pretende imponer la ley mordaza a los comunicadores para
evitar críticas y señalamientos al gobierno estatal.
¡Ajá! Pues resulta que el
sujeto de marras, para liberar los pagos, ha vendido la genial idea de que
editores y periodistas independientes además de firmar pólizas y entregar su
credencial de elector, deberán poner su huella digital… ¿Cómo ven? Nomás falta
que pida entre los requisitos ADN, lectura del iris y acta de alumbramiento
para certificar que no recibirá el pago un ser clonado. ¿Y
Quién le dio tal poder a Abarca Escamilla? ¿Cuál es su función en el
gobierno del estado? Son las preguntas del millón, porque su nombre no
aparece en los directorios, pero en Palacio de Gobierno es secreto a
voces que cobra 90 mil pesos mensuales libres de polvo y paja.
Rogelio Ortega Martínez tiene
dos opciones: 1.- Sacudirse a este pillo y advertirle a sus colaboradores que
están vetados los funcionarios con antecedentes negros. 2.- Resignarse a seguir
con dolor de colon debido a los problemas que le generan bandidos aguirristas
que hábilmente se han incrustado en las entrañas mismas del gobierno que
encabeza.
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