Epístolas
Surianas
(Carta a Don
Héctor)
De Julio Ayala
Carlos
Julio Ayala Carlos. Periodista. |
UN DIPUTADO LO LLEVÓ con el secretario de despacho
para que lo ayudara en el secuestro de su hijo. Nadie más, supuso, sabía de la
reunión. Cuando llegó a su casa, alguien le llamó por teléfono. “Te dijimos que
no hicieras nada, jijo de la … Tu hijo la va a pagar”.
Y así ocurrió. Pese a que pagó el rescate, que lo
dejó sin dinero y endeudado, su hijo no apareció. El secretario de marras solo
le sugirió que pusiera su denuncia, y que a partir de ella iban a investigar el
secuestro. Obvio, no la puso.
¿Cómo pudieron los secuestradores enterarse de la
reunión con el secretario, si solo estuvo además, el diputado y él, como padre
del secuestrado? No lo sé, me dice. Nadie más, ni mi familia, sabía del
encuentro. Y entonces, ¿quién les dijo?
Lo cierto es que no fue el único caso. Lo cierto es que, por eso, muchos
guerrerenses dejaron de denunciar los secuestros, los levantones y extorsiones,
después de que se dieron cuenta que, después de hacerlo, recibían llamadas de
los delincuentes. Lo cierto es que, se llegó el momento en que ni siquiera
recurrían a la policía y mucho menos llamaban al 066.
No por nada, hay que decirlo, las cámaras de
vigilancia (C-4), y el número de emergencia 066, hoy están en poder del
Ejército.
Por fortuna, las cosas van cambiando. Y aunque los
cambios son graduales, hoy las cosas son mucho mejores que antes. Por fortuna,
con todo y que aún hay problemas, en Guerrero hay gobierno. Por fortuna, los
guerrerenses van recobrando la confianza en quienes tienen por obligación,
ayudarles.
Y EN OTRO ASUNTO,
de acuerdo a un cable informativo fechado en la ciudad de México, el
Primer Tribunal Unitario Penal con sede en Toluca, estado de México, confirmó
este martes, de manera definitiva e inatacable para la Procuraduría General de
la República (PGR), la libertad provisional bajo fianza en favor de varios
implicados en uno de los casos más relevantes de presuntos desvíos de recursos
y lavado de dinero en Guerrero.
En marzo pasado, tras la entrada en vigor en esa
entidad del nuevo Sistema de Justicia Penal, con juicios orales, el Juzgado
Quinto de Distrito de Toluca otorgó en primera instancia el derecho a la
libertad bajo caución a Víctor Ignacio Hughes Alcocer, quien fue subsecretario
de Finanzas del gobierno que encabezó Ángel Aguirre, y de seis de sus
familiares, acusados de blanquear 268 millones764 mil 594 pesos procedentes de
la corrupción en contrataciones gubernamentales.
El primer tribunal unitario confirmó la resolución
de Julio César Gutiérrez Guadarrama, juez quinto de distrito, quien en marzo
pasado fijó garantías que van de 429 mil hasta casi 69 millones de pesos al
estimar que en el nuevo sistema de justicia que entró en vigor el lunes en el
estado de México ya no se considera el lavado de dinero como delito que merece
prisión preventiva. Es decir, ahora van a disfrutar del botín.
El abogado de los Hughes es el penalista Ricardo
Sánchez Reyes Retana, quien obtuvo la libertad bajo fianza de sus clientes
debido a que el Código Nacional de Procedimientos Penales (aunque es rector del
proceso penal acusatorio adversarial y no del anterior sistema mixto) no
contempla que el ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
amerite prisión preventiva oficiosa.
POR ÚLTIMO, EL DIPUTADO federal Victoriano Wences
Real es, sin duda, el único que recorre la Montaña entregando apoyos. Lo
anterior, sin contar con los presentes que por motivo del Día del Niño, y el
Día de las Madres ha estado entregando. Habrá quien diga que son regalos
sencillos, pero finalmente son regalos que, como ocurre en muchas partes de esa
región, ni siquiera entregan los presidentes municipales.
El alcalde de Tlapa, por ejemplo, el tal Noé
Abundis, argumenta que no tiene dinero. Y claro, no habrá para el pueblo,
porque para él, y los regidores, por supuesto que sí. Vamos, ni siquiera el
gobernador del estado gana nominalmente lo que se asignó como sueldo el edil,
es decir, 150 mil pesos al mes, y obvio, sin contar con otros ingresos,
mientras que los regidores, “por acuerdo de Cabildo”, es decir, por ellos
mismos, cobran nada más, pero nada menos que 120 mil.
Bueno, el alcalde no tiene la culpa. La alcaldía le
cayó del cielo, gracias a la muerte repentina de Javier Morales.
En fin que mientras el diputado Victoriano Wences
entrega apoyos, recursos y regalos, el alcalde tlapaneco anda perdido en el
bulevar de Chilpancingo. Y no precisamente gestionando recursos para el pueblo
que mal gobierna.
Comentarios: julio651220@hotmail.com
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