Bajo Fuego * Callejón sin salida Por José Antonio Rivera Rosales

Bajo Fuego

* Callejón sin salida

Por José Antonio Rivera Rosales

José Antonio Rivera Rosales. Periodista.

El pasado 10 de octubre la agrupación México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) presentó los resultados de una encuesta de percepción implementada por la firma Mitofsky, cuyas conclusiones no por esperadas dejan de sorprender.

De acuerdo con su desenlace, la encuestadora descubrió que de seis cárteles que controlaban el mercado de las drogas en México, ahora operan 400 grupos criminales en todo el país, consecuencia de la desastrosa política criminal implementada por los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

   En tal sentido, la encuesta concluyó que los intereses electorales, la corrupción y la impunidad resultantes han llevado al fracaso la estrategia anticrimen del gobierno federal, lo que se tradujo en más perjuicios que beneficios para la comunidad mexicana en lo general y guerrerense en lo particular.

   En el mismo tenor, ubicó a 12 estados de la república -entre ellos Guerrero- como las entidades en las que prima la inseguridad y violencia que mantiene en el miedo, incertidumbre y zozobra a la población.

   Una de los hallazgos más preocupantes de dicho ejercicio, aún sin concederle toda la credibilidad, es que la errática política anticrimen lo único que causó fue la fragmentación de las organizaciones criminales, que de esta manera se transformaron en pequeños cárteles que, de dedicarse primero al tráfico de drogas, se volcaron después contra la población a través de una nueva tipología delictiva que pasó a valorar a la sociedad civil como población-objetivo.

   Eso no es nada nuevo.

   En este espacio llevamos años diciendo que la política persecutoria de la administración pública federal, centrada en capturar o abatir a los cabecillas del crimen, provocó la fragmentación de los grandes cárteles que, ahora, se convirtieron en pequeñas bandas criminales despojadas por completo de los códigos de honor que mantenían cohesionados a los antiguos cárteles.

   ¿Honor? Sí, honor. 

   Hasta hace unos pocos años, en el submundo del crimen  organizado existían reglas que todo mundo respetaba. Esas reglas se sustentaban en el respeto a la amistad, a la familia y a la Iglesia Católica, aunque a algunos les parezca imposible.

   

   En segundo término, por lo menos en lo que toca al cártel encabezado por Arturo Beltrán Leyva, estaba estrictamente prohibido secuestrar ciudadanos, robar o asaltar establecimientos o negocios de particulares ni, mucho menos, extorsionar a la población. Quien transgredía esa regla no escrita lo pagaba con su vida.

   Por citar un ejemplo, en alguna ocasión se produjo un caso muy particular en el que, a espaldas del capo, algunos de sus esbirros basados en la ciudad de Cuernavaca dedicaban parte de su tiempo a asaltar joyerías y otros establecimientos de valores, lo que estaba estrictamente prohíbo por el jefe mafioso. 

   Pero entonces un encuentro fortuito permitió capturar a un conductor que llevaba “un clavo” (carga ilegal oculta) en el interior de su vehículo, en los momentos en que doblaba sobre las avenidas Ejido y Constituyentes del puerto de Acapulco. Con toda naturalidad el transportador -que tal es su negocio- le dijo a sus captores que llevaba cuatro millones de dólares en efectivo que eran propiedad de “el jefe”, en alusión al capo Arturo Beltrán.

   Así fue como el capo se enteró de que uno de sus hombres de confianza, Mario Alberto Pineda Villa, conocido como El MP, en realidad operaba una banda que se dedicaba a asaltar joyerías y bancos en diversos estados del país. 

   Lo que pasó después es del conocimiento público: el transgresor fue torturado hasta la muerte y sus restos, junto con sus compinches, arrojados al interior de tambos que fueron encontrados sobre la Autopista del Sol a la altura de Cuernavaca. Terrible destino para uno de los hombres de mayor confianza del capo que, por cierto, era cuñado del alcalde asesino de Iguala, José Luis Abarca.

   Esas reglas se desmoronaron por completo a partir de que Beltrán Leyva fue abatido en Cuernavaca en diciembre de 2009. 

   A lo largo de 2010 se produjo un reacomodo en Morelos y Guerrero, donde el mando lo tomó para sí Edgar Valdés Villarreal y, a posteriori, otros mandos venidos a menos o capturados por las autoridades. La fractura consecuente causó una de las contiendas más sangrientas a lo largo de 2010 y 2011, lo que provocó el surgimiento y polarización de dos grupos: el autollamado “La Barredora” y el conocido como Cártel Independiente de Acapulco (CIDA). Fue cuando dio inicio a la violencia extrema, con consecuencias funestas para Acapulco.

   En la actualidad son varias las formaciones criminales que operan en el estado de Guerrero, casi todas escindidas del grupo original de Beltrán Leyva. Pero el asesinato del capo fue lo que dio la pauta para la fragmentación y el uso de atrocidades como táctica de terror frente a la población civil, que se ha convertido en una víctima inerme ante los embates de la criminalidad.

   En los momentos actuales en que la violencia escala sin cesar, las tácticas de desmembramiento, desollamiento, homicidios de menores y mujeres, la extorsión dirigida contra miles de comercios en pequeño y el secuestro de particulares, forman parte de una estrategia violenta que incluye 22 tipologías penales, entre las cuales una de las más execrables es la trata de personas.

   

   Muchos jóvenes, hombres y mujeres, han desaparecido principalmente de cuatro ciudades: Acapulco, Chilpancingo, Chilapa e Iguala, mientras la autoridad -léase la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la misma Procuraduría General de la República (PGR)- se ha dedicado a recopilar estadísticas pero sin combatir realmente ese abominable delito, que lesiona gravemente a la población civil.

   

Tal como están esparcidas estas bandas criminales de nueva generación, no parece por el momento que haya posibilidad de abatir la violencia. Es, pues, un verdadero callejón sin salida para el que no existe una alternativa de solución de corto o mediano plazo.

   Quien asegure que, como arte de magia, traerá la pacificación al país sólo con un cambio de mando en Los Pinos, miente a sabiendas. Ante esta nueva generación de criminales que se solaza en su orgía de sangre, que Dios nos ampare.