Aluden funcionarios falta de presupuesto
para combatir la inseguridad en Guerrero
* Comparecen Pedro Almazán, Javier Olea Peláez y Daniel Pano ante diputados de la 61 Legislatura local
Prensa/Congreso
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Comparecencia. Seguridad cuestionada. |
Chilpancingo, Gro., 02 de agosto de 2016.- Ante el cuestionamiento de diputados integrantes de la 61 Legislatura los titulares de Seguridad Pública, del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, expusieron las dificultades económicas para combatir los índices de inseguridad.
Pedro Almazán Cervantes, Daniel Pano Cruz y Javier Ignacio Olea Peláez, puntualizaron que las instituciones a su cargo no cuentan con el suficiente presupuesto para la implementación de estrategias y protocolos para combatir la inseguridad en el estado.
Esto, luego de la convocatoria que hiciera el Congreso local para que el gabinete de seguridad escuchara y respondiera a los cuestionamientos de los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobierno, Seguridad Pública y de Justicia.
Por más de siete horas los legisladores realizaron preguntas como: sobre si existe capacidad por parte de los funcionarios y personal humano en sus dependencias para combatir la inseguridad, cuáles son las estrategias implementadas en la materia, cuáles son las metas y protocolos que se pretende implementar, el protocolo de investigación de feminicidios y cuántos ha registrado la Fiscalía estatal, cómo están combatiendo la corrupción, sobre la certificación de policías municipales y la capacitación e Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Los diputados señalaron que los tres poderes de gobierno deben trabajar de manera conjunta en materia de seguridad siendo el Poder Legislativo quién coadyuve en la medida de su competencia así como en el respaldo para otorgar más presupuesto para el 2017.
Puntualizaron que no sólo se requieren de recursos económicos, sino decisión para combatir las mafias delictivas buscando un nuevo enfoque de estrategias de seguridad, “porque la mitad de los ayuntamientos ha paralizado la certificación de sus cuerpos policiacos y su incorporación al Mando Único Policial”, señalaron.

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