Bajo Fuego
* La tormenta
José Antonio Rivera Rosales
José Antonio Rivera. Periodista. |
El diferendo entre los gobiernos estatal y municipal, debido al crédito aprobado por el Cabildo porteño, pasó de ser un problema de procedimiento a una abismal ruptura entre ambos órdenes de gobierno, una situación que impactará negativamente en la gobernanza local.
Por desgracia para la comunidad, las diferencias entre ambos gobiernos se profundizaron desde que el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en tono nada amable reprochó al alcalde Evodio Velázquez que su jefe de policía hubiera falseado documentos para acceder al cargo.
Había algo de cierto en esa acusación, de modo que el edil porteño tuvo que hacer los cambios exigidos en la estructura de Seguridad Pública, fundamental para hacer frente a la responsabilidad de prevenir el delito, que es lo que le compete al municipio.
Pero las diferencias han escalado, de modo que el asesinato del alcalde de Ciudad Altamirano y la revisión a fondo de la estrategia de seguridad para Acapulco, siguieron en la lista de desacuerdos entre ambos órdenes de gobierno, ante la pasividad de una sociedad civil local que se porta muy exigente cuando sus intereses personales son tocados, pero omisa cuando se trata del interés público -nadie, ni los colegios, ni el sector privado, ni las ONG, se han pronunciado para mediar en este conflicto creciente-.
En fecha reciente la aprobación de una línea de crédito por 158 millones de pesos, apoyada mayoritariamente por el Cabildo pero sin pasar por la sanción del Congreso, generó nuevos encontronazos entre la gestión municipal que encabeza Evodio Velázquez Aguirre y estatal de Héctor Astudillo Flores.
Parecieran diferencias de carácter ideológico, pero no lo son.
Son diferencias originadas en la calidad de la gestión, es decir, en el modo de gobernar, que por desgracia impactarán en la vida pública del municipio y del estado en lo general dado que afecta la interacción ascendente (entre órdenes de gobierno) y descendente (la calidad de la relación con los gobernados).
A querer o no, estamos ante un conflicto inter-institucional que tarde o temprano afectará la eficiencia de la administración pública municipal en Acapulco y, en menor medida, en el gobierno del estado.
En este punto sería deseable que el Congreso del Estado, en términos institucionales, interviniera para suavizar el estado de cosas con el fin de evitar que una interposición desde otras instancias -entiéndase el Congreso Federal o la Auditoría Superior de la Federación-, termine en un procedimiento de carácter penal con ingratas consecuencias.
Pero hablamos de una mediación política, no de la actitud golpeadora de los empleados de Luis Walton, que buscan la menor oportunidad para atacar al munícipe, con todo y que su gestión se caracterizó por la mediocridad.
Por otra parte, aquí habría que determinar quién o quiénes metieron al joven edil en esa ruta de confrontación con la que pretendían evadir los controles del Congreso local, diferendo en el que nada tiene que ganar Velázquez Aguirre. ¿Acaso tiene algo que ver su jefe de asesores?
Y mientras Evodio sortea el vendaval, sus colaboradores cercanos hacen de las suyas: fuentes internas mencionan a Merced Valdovino Diego, secretario de Finanzas, y a Víctor Aguirre Alcaide, de Desarrollo Social, como dos poderosos funcionarios que buscan copar los espacios de la administración municipal por cualquier medio, como una suerte de avanzada para el recambio del poder.
Así, mientras el alcalde afronta la tormenta exterior, quienes debieran ser sus hombres de confianza buscan posicionarse dentro de la estructura gubernamental clientelar en aras de un futuro más promisorio, incursión en la que derriban a todo el que se les atraviese, así sean compañeros de otras dependencias de la misma alcaldía.
En particular el inalcanzable secretario de Finanzas es mencionado como quien está preparando el terreno para una incursión política de mayores alcances, cuando estamos a un mes de que la administración de la que forma parte apenas cumpla el primer aniversario.
Merced Valdovino debiera ser observado a partir de los resultados que dejó en la administración municipal de Coyuca de Benítez, donde una abrumadora mayoría lo repudio cuando quiso repetir como alcalde, en particular porque en su gobierno menudearon los secuestros.
Una revisión exhaustiva de los antecedentes del exalcalde de Coyuca podría aportar elementos suficientes para entender su conducta. En el caso de Aguirre Alcaide no es necesario investigar antecedentes. Sólo pregunten en Tlapa cómo se las gasta, en especial cuando se encuentra bajo inspiración etílica.
Fuera de las fobias y las filias que caracterizan a un equipo político, Evodio debiera comenzar a valorar hacer los cambios necesarios en su gobierno para premiar a quienes han aportado resultados efectivos a su gestión y mandar a su casa a los que simulan eficiencia. Entre ellos estos dos secretarios.
Así, con estos aliados, Evodio no necesita enemigos. Con los que tiene dentro de su gobierno basta y sobra.
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