Bajo Fuego
· Zona de desastre
José Antonio
Rivera Rosales
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| José Antonio Rivera. Periodista. |
Tal podría decirse de ciertas áreas de la
administración pública que desde hace tiempo vienen haciendo agua sin que al
parecer el titular, Héctor Astudillo, se percate de ello.
Recientes
declaraciones del gobernador Astudillo causaron reacciones airadas de
diferentes sectores sociales que consideraron indignante e injusta la opinión
del mandatario según la cual se ha magnificado el cierre de negocios que han
bajado sus cortinas, dijo, por mal servicio.
Habrá que
hacer al menos tres observaciones a la opinión del mandatario que, tal parece,
está desinformado por su personal.
De acuerdo
con trascendidos confiables, en el estado de Guerrero pero sobre todo en el
puerto de Acapulco opera un Grupo de
Rescate que busca revertir las condiciones e imagen de la ciudad para
ubicarla de nuevo en niveles aceptables de percepción violenta. Ese equipo
vendría de una experiencia exitosa en Ciudad Juárez y Monterrey, donde revirtió
exitosamente la imagen de violencia que ofrecían dichas ciudades.
Primero: es
bastante factible que esté actuando ese equipo en el puerto de Acapulco, pero su trabajo dista
mucho de alcanzar resultados notables por una razón elemental: Acapulco no
tiene ningún parecido con Juárez o Monterrey ni, hay que matizarlo, las
condiciones son las mismas. Si ese Grupo
de Rescate opera en el puerto, pues no se nota.
Eso nos
lleva a otro aspecto insoslayable de la administración pública: la comunicación
social. El trabajo de rescate institucional, operado por un grupo externo o por
el mismo gobierno del estado, es invisible porque simplemente no funciona -o
funciona a medias, lo que es igual de frustrante- el aparato que se supone
debiera manejar la imagen institucional del gobierno del estado de Guerrero así
como de su titular, el gobernador Héctor Astudillo.
Para no ir
más lejos habrá que decir que el equipo de prensa está encabezado por una
persona neófita en la operación mediática, la señora Erika Luhrs Cortés, quien
aplica criterios políticos y facciosos a un aparato institucional que debiera
estar guiado por una ruta de impacto mediático
y de interés social.
Criterios
políticos porque actúa como si estuviera en una contienda electoral,
defendiendo una postura política, acompañada eso sí por una facción de
profesionales de la información que le ayudan a difundir parcialmente el
quehacer gubernamental. El problema es que, por consecuencia, Luhrs ignora e
inclusive obstruye a otros actores que pudieran ayudar a difundir las
informaciones oficiales.
Una
consecuencia directa es que, al ejercer veto contra un número indeterminado de
comunicadores locales, la titular genera un vacío de información que de
inmediato es llenado con rumores, versiones sin fundamento, e inclusive
informaciones desbocadas, opuestas al interés oficial. ¿Eso es lo que quieren?
Un ejemplo:
tres corresponsales de una agencia internacional de noticias, que ha publicado
informaciones sensibles sobre la situación político-social en el estado de
Guerrero -con el consecuente impacto en medios de comunicación extranjeros y en
corrientes de opinión de otros países-, simplemente son ignorados por la
titular cuando debiera ser al revés.
Las
afectaciones causadas por el huracán Ingrid, los sismos y los 43 jóvenes
desaparecidos en Iguala fueron oro molido para las agencias internacionales,
que escasa atención tuvieron de la administración anterior lo cual no ha
mejorado con el gobierno actual de Héctor Astudillo, a pesar de que el impacto
internacional es simplemente brutal.
En el
entorno local la consecuencia del vacío de atención e información se puede palpar perfectamente en la red social,
así como en múltiples portales digitales de información, donde hacen pedazos la
gestión y la imagen de Héctor Astudillo. Eso, por otra parte, no parece
preocuparle a la señora Luhrs Cortés.
Desde
luego, ni pensar que exista una estrategia de comunicación que se pudiera
definir como política pública o política de estado. Eso no existe en la barbarie
en la que subsisten los guerrerenses.
La tercera
observación: el gobernador parece estar desinformado por la sencilla razón de
que carece de un servicio de inteligencia. No hay ningún tipo de inteligencia:
ni táctica, ni operativa, ni estratégica. Hay, eso sí, un Grupo de Coordinación
Guerrero que funciona como una suerte de consejo de asesores del gobernador,
pero que dista mucho de generar productos acabados de inteligencia.
Que le
ayudan al gobernador a tomar decisiones, sí. Pero con información sesgada e
incompleta esas decisiones se tornan en yerros oficiales de los que, en el peor
de los casos, Astudillo ni siquiera se da cuenta. Como cuando dijo que se
magnifica lo del cierre de negocios y que los que cierran es porque están mal
administrados. Por favor…
Es hora de
que comience a funcionar el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI)
que inauguró el secretario de Gobernación en Iguala como una entidad que, tal
como el título dice, deberá generar productos de inteligencia recolectados de
distintos organismos federales que se dedican a ello, especialmente el Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Agencia de Investigación
Criminal (AIC) y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para
el Combate a la Delincuencia (CENAPI), la llamada inteligencia civil.
Después del
índice de homicidios, que se disparó en los primeros tres meses del año, dos
fenómenos delictivos que han cobrado una fuerza inusitada son la trata de
personas -sin duda alguna la tipología delictiva más deleznable- y la
extorsión.
El fenómeno
extorsivo se ha extendido a unos 30 o 40 mil negocios chicos, medianos y
grandes. Es un fenómeno imparable, difícil de detectar por la entendible razón
de que ningún comerciante va a denunciar si tiene una pistola apuntándole a la
cabeza. La extorsión ha cobrado carta de naturalización entre comerciantes de
todo giro: ya no sólo son extorsionados quienes militan en el comercio
informal, sino los grandes y medianos establecimientos, sin contar giros como
el transporte público, la construcción y, ahora, el turismo.
Para que la
clase política en el poder se entere: ya no sólo estamos en una crisis humanitaria, sino en una verdadera emergencia
delictiva. Es tiempo de que el gobernador tome decisiones a la altura de la
gravedad de las circunstancias. Ya no hay tiempo para nada más.
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