Bajo Fuego
·
Desesperanza
José Antonio
Rivera Rosales
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| José Antonio Rivera.. Periodista. |
Hartos de la delincuencia imparable que
mantiene sojuzgado al comercio formal e informal del puerto de Acapulco y de la
capital Chilpancingo, destacados liderazgos patronales lanzaron una iniciativa
para buscar soluciones a la violencia que tiene ahogada a la economía.
Dirigentes del sector privado como Julián
Urióstegui, Fidel Serrato, Adrián Alarcón, Arcadio Castro y, señaladamente,
Laura Caballero, decidieron afrontar el acoso criminal frente a autoridades
municipales, estatales y federales que no han podido capturar ni detener los
embates de las bandas delincuenciales que se han convertido en el azote de la
población civil.
Ese es el problema: que la delincuencia se
volvió contra la población, a la que mantiene bajo una tiranía de terror que,
más temprano que tarde, provocará una reacción enfurecida de algunos sectores
urbanos que ya debaten, en reuniones a puerta cerrada, cómo organizar una
estructura armada que responda al acoso criminal.
Y esa es una lógica consecuencia del
terrorismo causado por el crimen: que, en el mejor de los casos, surjan grupos
urbanos de autodefensa o, en un caso extremo, escuadrones de la muerte. A estas
alturas de la situación, cualquier opción de defensa armada sería bien vista
por la población que, según ha trascendido en diferentes núcleos comunitarios,
está desesperada por la forma en que ha evolucionado la problemática de la
violencia, que amenaza a todas las familias.
Por lo menos en el puerto de Acapulco, no
existe una familia que no haya sido tocada, así sea tangencialmente, por los
embates del crimen organizado o por las bandas de delincuencia común que han
proliferado como bacterias en una herida infectada, ante el vacío de autoridad
que prima en el puerto.
Desde enfoques diferentes -pero coincidentes
en el objetivo primario de la autodefensa- algunos líderes patronales han
solicitado licencia de portación de arma a la Secretaría de la Defensa, otros
han redoblado su seguridad y, en un caso sorprendente, el liderazgo que
representa Laura Caballero, convocó a un acuerdo en común entre autoridades,
sector privado, sector social y los mandos de la delincuencia organizada.
Históricamente apolítico, la iniciativa del
sector privado para buscar una salida negociada con el crimen organizado revela
el nivel de gravedad en que han derivado las cosas. Para ser más claros: ya
tocamos fondo, por lo menos en el puerto de Acapulco.
Inmerso por completo en el juego sucesorio
por la presidencia de la república, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio
Chong, cobijado por el gabinete federal de seguridad, vino en fecha reciente al
puerto de Acapulco para decir que todo está bien, que la temporada turística
fue exitosa, que el delito extorsivo va a la baja, que los delincuentes se
matan entre ellos, y que las cifras de muertos siguen siendo las mismas.
O el secretario Osorio está desinformado o
mintió a sabiendas, quizá para enviar un mensaje tranquilizador a la
ciudadanía.
Lo grave aquí es que un funcionario del más
alto nivel no puede engañar, de ninguna manera, a una ciudadanía víctima de la
tiranía del terror que obliga a las familias a guardar a sus hijos apenas
oscurece, sabedores de que la violencia irracional los puede alcanzar en
cualquier momento. El caso es, secretario, que las familias acapulqueñas viven
al borde del terror.
¿Las mismas cifras de muertos? Apenas el jueves 6, el
diario El Sur publicó un recuento
propio que arrojó la cifra de 527 ejecutados en el primer trimestre del año, un
51 por ciento más muertos que en el mismo período de 2015. El recuento
periodístico, hay que decirlo, tiene mayor credibilidad que las cifras del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se basan en las averiguaciones
previas levantadas ante el Ministerio Público. Pero sabemos que un gran número
de familias no denuncian ante el MP por desconfianza o miedo.
¿Qué la temporada turística fue exitosa? Eso
sí es verdad, pero también fue la más sangrienta: 60 muertos en dos semanas,
como para “marcar” la temporada y, de paso, golpear a los gobiernos en turno.
¿Qué la extorsión va a la baja? Sólo hay que
fijarse en los cientos de negocios fijos y semifijos del interior del casco
urbano y de la periferia de Acapulco, para encontrarse con un panorama de
desolación.
La extorsión a los establecimientos
comerciales, por una u otra banda delictiva, es precisamente lo que orilló a
los comerciantes organizados a tomar al toro por los cuernos buscando inclusive
una negociación o algún tipo de pacto con los criminales, postura que
precisamente se desahogará esta semana en el puerto de Acapulco.
Una estimación somera permite calcular en
unos 30 a 40 mil el número de establecimientos -chicos, medianos y grandes- que
son víctimas de la extorsión por parte de diferentes grupos del crimen
organizado que, de esta manera, está acabando con la economía popular del
puerto de Acapulco. Hay reportes confiables de que, en las colonias de la
periferia, los bandidos ya comenzaron a cobrar una suerte de impuesto a los
domicilios particulares. El colmo.
Por ello será interesante ver si los líderes
del sector privado y sus representados llegan a algún acuerdo que permita, por
sí solos, enfrentar al monstruo de la delincuencia. Si llegan a alguna
decisión, por insólita que parezca, las autoridades estarían obligadas a intervenir.
Todos los indicios apuntan a que algo va a
pasar, después de que la comunidad acapulqueña ya tocó fondo en esta crisis sin
fin. Esperemos.
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