Bajo Fuego
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Relevos en el panismo
José Antonio Rivera Rosales
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| José Antonio Rivera R. Periodista. |
Aunque no se han visto
consumidos por la hoguera de Ayotzinapa, los panistas locales de Acapulco han
demostrado que saben jugar rudo cuando es necesario.
Esto se observó claramente a partir de líos
judiciales en los que se han visto envueltos algunos panistas de militancia
relevante, lo que ha enturbiado la imagen del panismo local de cara a los
comicios presidenciales de 2018.
En los noventa, con la dirigencia que
encabezó Enrique Caballero Peraza, Acción Nacional mantuvo un crecimiento
excepcional de la mano del ideólogo de ese partido, Carlos Castillo Peraza,
líder del panismo nacional. En varias ocasiones los panistas recibieron la
visita primero de Castillo Peraza y, poco después, de Felipe Calderón Hinojosa
cuando ambos, considerados entonces entre los más brillantes cuadros de la
derecha, fungían como líderes nacionales de ese partido.
Fue un crecimiento vertiginoso no tanto en
la nomenclatura de ese partido, sino en la calidad de su militancia. Son
inolvidables los textos de Castillo Peraza, a quien se consideraba genuino
representante de la derecha inteligente, en una revista de circulación nacional
en la que expresaba puntos de vista inclusive sobre temas teológicos. Castillo
Peraza era, en verdad, un verdadero precursor del nuevo panismo en México.
Tiempos aquellos…
Pero ahora el panismo, de la mano de
dirigencias cerriles, ha caído en un
marasmo del que apenas destacan algunos cuadros jóvenes que buscan renovar la
imagen de ese partido político para transformarlo en una opción política viable
para las nuevas generaciones.
Es el caso, por lo menos, de Acapulco, donde
cuatro fórmulas intentan arribar al liderazgo más importante del PAN en
Guerrero, que acuerpa la mayor membresía partidaria en todo el estado, aunque
apenas por encima del panismo taxqueño.
Llaman la atención por lo menos dos
fórmulas: la que integra Jorge Pérez Salas y la encabezada por Enrique Castro
Soto, ambas seriamente cuestionadas.
Pérez Salas está imputado por la Fiscalía
General del Estado como autor intelectual del asesinato de Braulio Zaragoza
Maganda, uno de sus cuadros importantes, ocurrido en septiembre pasado en el
hotel El Mirador. Aunque ha clamado su inocencia e inclusive lleva como
compañera de fórmula a la viuda, el simple hecho de que está bajo sospecha
actúa de manera terminante en su contra.
Castro Soto pues…bueno, tampoco parece ser
la mejor opción.
Desde que fue designado por Ángel Aguirre
como secretario de Desarrollo Económico, como producto de la negociación político-electoral,
Castro Soto fue visto como un oportunista que realmente poco hizo en favor de
la economía de Guerrero, envuelto como estaba en un mar de frivolidad que se
generaba en la propia administración pública.
La especie que cobró fuerza entonces es que,
en 2011, como parte de un congreso de minería se hizo de unos centavos por vía
de tratos indirectos en los que se valió de Héctor Zurita Brito, uno de sus
operadores en la Sedeco.
Según la versión, que nunca fue corroborada
-aunque, a decir verdad, por esas fechas a nadie en el gobierno aguirrista
parecía importarle investigar esos cochupos- por mediación de Zurita cuatro
empresas mineras aportaron 50 mil pesos cada una para complacer al titular, lo
que permitió a Castro Soto embolsarse 200 mil pesos libres de impuestos. El
stand tenía un costo de 53 mil pesos, pero ese dinero nunca fue ingresado a las
arcas oficiales.
Otra especie que coloca bajo sospecha a
Castro Soto es la de los puestos fantasma, cuatro cargos con nivel de jefe
departamental en Sedeco que nunca fueron ocupados, pero cuyos emolumentos
fueron utilizados para fortalecer las finanzas personales del titular. Si esa
circunstancia anómala estaba pactada con Ángel Aguirre, sólo ellos lo saben.
Pero algún sustento debe tener la ruptura
que se produjo entre Castro Soto y Julián López Galeana, extitular del
Fideicomiso Guerrero Industrial, ruptura que fue evidente en el último año de
gestión del aguirrismo, cuando ambos exfuncionarios trabajaban en un completo
divorcio administrativo pese a que compartían oficinas.
Así las cosas, el gobierno de Héctor
Astudillo debiera iniciar una auditoría profunda a las oficinas tanto de Sedeco
como del Figuein, para determinar qué irregularidades existen y, en su caso,
aplicar las sanciones correspondientes.
Pudiera ser que, en lugar de dirigir el
panismo acapulqueño, Castro Soto debiera estar respondiendo preguntas de un
juez.
Los panistas deberán pensar detenidamente la
intención de su voto, si quieren rescatar a ese partido de la hoguera de las
vanidades en el que está inmerso.
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