intereses de
los dueños de la política
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| La comandanta Nestora. |
El gobernador Rogelio Ortega
Martínez, senadores, diputados, organizaciones sociales y de derechos humanos
han buscado y exigen por todos los medios a su alcance la liberación de la
comandante oriunda de Olinalá, Nestora Salgado García, quien se encuentra recluida
en el penal para mujeres de Tepepan, quien a dos años de su encarcelamiento no
le han podido comprobar los delitos que imputan, situación que ha trascendido
políticamente las fronteras mexicanas como muchos más casos de violaciones a
las garantías individuales y que ha desnudado la impartición de justicia en
nuestro país, en especial en el estado de Guerrero, donde el fiscal no ha
querido desistirse de las acusaciones que le imputa la fiscalía a su cargo.
La liberación de la comandante
olinalteca que exigen las organizaciones sociales y de derechos humanos, así
como senadores y diputados, es porque saben que no es un problema jurídico sino
político, pues todos tienen conocimiento que no hubo secuestro ni asesinatos
como lo configuró la fiscalía a través de declaraciones falsas de supuestas
víctimas de la policía comunitaria del municipio con base en Temalacatzingo, quienes hoy se niegan a
carearse con la procesada por el hecho de
no saber cómo sostener sus acusaciones que se les pueden revertir; ante
esta situación y consiente de la inocencia y por su compromiso con las causas
justas, el gobernador ha propuesto al Congreso del estado una ley de amnistía
que posibilite la salida de los presos políticos con la cual se beneficiaría
Nestora Salgado García.
Sin embargo esta ley está muy
lejos de aprobarse, por las condiciones de representación política en el Congreso,
donde hay una eminente mayoría priista que no dejará que esta ley camine, pues
todos los posibles beneficiarios se consideran enemigos políticos del partido
en el poder, a quien no le interesa que los presos salgan a la calle a seguir
su lucha por mejores condiciones de vida y en contra de la corrupción e
impunidad del estado. La propuesta llega tarde cuando ya no hay condiciones para
sacarla adelante por lo que no es posible cumplir la palabra empeñada al
movimiento social por el actual gobierno, que aunque de dientes para afuera los
priistas dijeron estar de acuerdo, lo cierto es que sacaron adelante el acuerdo
de sus patrones de mantener a los presos en las mazmorras.
Si bien es cierto que hay un
movimiento fuerte en todos los niveles y es de dominio internacional este
asunto de la exigencia de la liberación de Nestora Salgado García, y ella está
decidida a la lucha en contra de los que hoy mal gobiernan nuestro país y en
especial a los actores olinaltecos que fueron trastocados sus intereses y
heridos su condición de hombría que los caracteriza en esa región; seria infantil pensar que Armando Patrón, ex
síndico procurador y Eusebio González Rodríguez, ex presidente municipal y hoy
diputado local, tengan o posean tanto poder para parar la aprobación de la ley
de amnistía y mantener en la cárcel a la comandante de la policía comunitaria,
situación que implica pues otros intereses de carácter político y económico más
fuertes que aunque nunca lo habían reconocido públicamente los políticos
olinaltecos, de la división de su municipio por
su enorme deuda con los indígenas
de la región de Temalacatzingo, lo cierto es que en este municipio han
prevalecido dos proyectos de gobierno, desde su origen se vislumbran dos formas
de organización económico social: la que encabezan los criollos avecindados en
la cabecera municipal, quienes han gobernado este municipio, quienes son ganaderos por tradición, y otro
que se mantiene y se impulsa desde la comunidad de Temalacatzingo, población
indígena dedicada a la artesanía, que desde hace muchos años busca
independizarse de Olinalá por la discriminación y pobreza en que los tienen
sumidos los güeros de la cabecera municipal; este antecedente en el fondo es el
origen de la pugna política que mantiene en prisión de manera injusta a Nestora
Salgado García.
La lucha política de
Temalacatzingo por ser cabecera municipal es la causa principal de una serie de
enfrentamientos que se han suscitado no de hoy , sino desde hace muchos años y
que desde la cabecera municipal se han proyectado acciones que no permiten que
los indígenas de esta región se fortalezcan en su forma de gobierno en cuanto a
sus usos y costumbres, formas de convivencia que chocan con los criollos
olinaltecos, quienes no han permitido que esta zona indígena se desarrolle, por
lo que Nestora Salgado se comprometió y consciente de la situación de sus
paisanos buscó recursos económicos para ayudar desde los Estados Unidos de
Norteamérica y cuando regresó se puso a su lado para combatir las injusticias
de asistencia por las autoridades y por dueños de los principales negocios del
municipio.
La incursión de la policía
comunitaria de la zona indígena dirigida por la comandante puso en estado de
alerta y nerviosos a los políticos y dueños de las principales actividades
económicas, llámense formales e informales, porque debemos de destacar que
Olinalá se abrió paso gracias a que el gobierno se hizo omiso de las
actividades de tráfico de combustibles, vehículos y drogas por la delincuencia
organizada que en su tiempo encabezó el ex presidente municipal Manuel Sánchez
Rosendo, preso en el penal de Almoloya, a quien se le atribuyó la muerte del ex
presidente Víctor Apreza, ultimado en Chilapa, por supuesta disputa de los
negocios de tráfico en la región, que en 1990 y 2005 en muchas ocasiones hubo
incursiones de la Policía Federal y fue noticia nacional como hoy con el
encarcelamiento de la dirigente de la policía comunitaria.
Hoy se puede señalar que la
fuerza política que tiene en la cárcel a Nestora Salgado no es Armando Patrón
como supuesta víctima, como tampoco Eusebio González Rodríguez, sino la fuerza
del estado y su partido político, al no compartir el proyecto de la policía
comunitaria y su negativa de ceder a la comunidad de Temalacatzingo sea un
nuevo municipio, pues esto resta poder a quienes se han encumbrados en las
altas esferas de mando en el estado; este escenario deja pues con la esperanza
al gobernador saliente y cobra fuerza de que no habrá ley de amnistía, ni
perdón por la fiscalía del estado, lo que significa más impunidad por el
tráfico de influencias en el reparto de
los deberes de la administración del poder que desde el Congreso se reparten,
lo que el Partido Acción Nacional está cuestionando no más amigos al mando,
desde las altas esferas. (En la opinión
de Paul Venegas Díaz y Enrique González Guerrero).
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