Bajo Fuego
·
Estrategia fallida
José Antonio Rivera Rosales
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| El autor. |
En la versión que se hizo
pública, unos dos mil agentes federales arribaron al puerto de Acapulco para
poner en marcha el nuevo operativo de seguridad que, en teoría, garantizaría la
integridad de la ciudadanía.
La Secretaría de la Defensa no
lo ha informado, pero una versión consistente indica que arribaron al estado de
Guerrero una cantidad similar de soldados que, adscritos al mando territorial,
operarán en puntos conflictivos del estado de Guerrero.
Enviadas por el gobierno
federal para expresar un mensaje inequívoco de que el gobernador Héctor
Astudillo cuenta con un respaldo total de la Federación, el arribo de tropas
frescas a Guerrero era un paso obligado para pacificar el territorio, abrumado
como está por las múltiples bandas criminales que pululan sin control en las
diferentes regiones.
Sin embargo, aunque el
despliegue militar por las calles de Acapulco sugiere un control absoluto de la
seguridad por parte del Ejército Mexicano, la verdad es que los crímenes siguen
ocurriendo con la más absoluta impunidad, al extremo de que falta muy poco para
que el número de víctimas alcance la cifra record de 800 muertes violentas
cometidas tan solo en el puerto en lo que va del año. Con esa frecuencia, el
saldo final de asesinatos sin duda superará los 900 al cierre del 2015.
Por otra parte, los crímenes
han trascendido el área geográfica donde ocurrían con mayor frecuencia, esto
es, la periferia porteña, y se han comenzado a presentar en el primer cuadro de
la ciudad, donde comerciantes y trabajadores han sufrido la embestida criminal
que exige una cuota a cambio de la vida. Son muchos los establecimientos
víctimas de esta expoliación criminal.
Como respuesta, los gobiernos
federal y estatal instalaron la Unidad Antisecuestro y Extorsión de Guerrero que en teoría estará
supervisada por Patricia Bugarín Gutiérrez, a quien se supone una persona
experimentada en la materia, aunque en cargos anteriores ha presentado saldos
deficientes. En el discurso oficial, esta Unidad Antisecuestro contará con el
respaldo de un mil 500 policías federales que se encargarán de dar seguimiento
a los casos de secuestro y extorsión que se presenten en Guerrero.
Pese a que cuenta con todo el
respaldo presidencial, el caso es que esa nueva oficina, que forma parte de la
estrategia contra el fenómeno extorsivo que cunde en Guerrero, difícilmente
ofrecerá resultados.
¿Por qué decimos esto? Es muy sencillo: nadie
que tenga un arma apuntándole a la cabeza -como en los hechos está la inmensa
mayoría de los ciudadanos extorsionados- presentará una denuncia ante esa
oficina.
Lo que el gobierno de Enrique
Peña Nieto debe hacer, a la brevedad, es mandar una iniciativa prioritaria al
Congreso de la Unión para que la extorsión se convierta en un delito perseguido
de oficio, de modo que no deba mediar denuncia para que el aparato policial
investigue la comisión de estos ilícitos, como actualmente sucede con el robo
que se persigue de oficio en el Ministerio Público del Fuero Común.
De otro modo, toda esta nueva
estrategia de seguridad, comandada por el mando territorial de las Fuerzas
Armadas, sólo queda en buenos deseos.
La militarización de Acapulco, aunque
intimidante, sólo tiene valor disuasivo. La Policía Federal y la Gendarmería
tampoco obtienen resultados efectivos porque están bajo vigilancia del sistema
de espionaje con que cuentan las bandas criminales, los llamados halcones, de
cuya estructura forman parte hasta los taxistas.
Va un ejemplo: una columna de
la Gendarmería, que desarrolla patrullaje nocturno en las colonias más
violentas de Acapulco, cerró su periplo sin haber encontrado nada anormal.
Claro: si adelante o atrás era objeto de vigilancia de halcones que avisaban a
la siguiente posta de maleantes por dónde se desplazaba el convoy de agentes de
la ley, pues nunca van a encontrar delincuentes.
Para el efecto, las Fuerzas
Federales -sea personal del Ejército, Armada de México, Policía Federal o
Gendarmería- deben activar un sistema de contrainteligencia que permita
nulificar el halconeo de la delincuencia. Acompañada de información de
inteligencia, ese mecanismo podría lograr resultados sorprendentes en cuestión
de días.
En el mismo contexto, el
programa Escudo Acapulco, recién anunciado por el alcalde Evodio Velázquez,
sólo dará resultados si se sanea a la Secretaría de Seguridad Pública,
comenzando con su titular Francisco Sandoval Vázquez, cuyo perfil profesional
es, por decirlo de manera elegante, muy deficiente -eso, sin mencionar algunos
vínculos extraños que parece tener-.
Así las cosas, toda esa
parafernalia armada en torno de las Fuerzas Federales, la Fuerza Estatal (ahora
así le dicen a la Policía del Estado) y la Policía Municipal, sirven para nada
si actúan en el contexto de lo aquí expuesto.
Por más que vengan otros miles
de efectivos de las Fuerzas Federales, poco o nada se va a lograr en aras de la
pacificación del estado de Guerrero, si no hay un eficiente servicio de
inteligencia que permita establecer las conexiones de las bandas criminales que
tanto daño han hecho a la población del estado.
En tanto, las cuatro bandas
criminales que se disputan Acapulco siguen causando terror entre la población
porteña, mientras las múltiples estructuras delincuenciales que tienen asiento
en el interior del estado siguen secuestrando, expoliando y asesinando a la
parte productiva de la población, causando luto en muchas, muchísimas familias.
Decíamos en una entrega
anterior que Héctor Astudillo y Evodio Velázquez enfrentan un reto formidable
en el intento de llevar seguridad a las familias. Pero al final de cuentas, el
concepto de un “reto” sigue siendo una definición benigna ante lo que se
avecina en 2016. Pero de eso hablaremos en una próxima entrega.
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