BAJO FUEGO
·
Pena capital
José Antonio Rivera Rosales
 |
| José Antonio Rivera. Periodista. |
Entre
2005 y 2014 se produjeron en Guerrero 19 mil 434 homicidios de acuerdo con una
investigación elaborada por la Fundación Open Society, que sustentó su análisis
en datos oficiales.
Es el saldo final de los gobiernos de Zeferino
Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero, a lo que habrá que agregar los 2
mil 721 asesinatos que se perpetraron durante 2015, lo que nos conduce a un
gran total de 22 mil 155 muertes ocurridas en Guerrero en el lapso 2005-2015.
Si atendemos los supuestos de investigadores
calificados que aducen que en México la cifra negra (delitos no denunciados)
asciende a más del 80 por ciento, entonces tenemos una cifra total de más de 40
mil homicidios. Simplemente horrendo, e inaceptable.
Según
la información, la mayor parte de los asesinados eran hombres jóvenes, pero en
los últimos tres años hemos encontrado una cifra creciente de mujeres y niños
ultimados sin piedad en emboscadas impredecibles.
El
caso es que, en lugar de bajar, la cifra de muertes violentas está en franco
ascenso. Ello se traduce en el hecho irrefutable de que el estado de Guerrero
ha cuadruplicado el promedio nacional de homicidios particularmente en los últimos
seis meses.
Lo más grave es que las cifras indican una
tendencia al alza, al contrario de las versiones oficiales que aseguran que la
incidencia delictiva ha comenzado a bajar. Ha bajado, sí, pero en la franja
turística.
A
vuelo de pájaro, cualquier ciudadano con mediana inteligencia se puede percatar
de que Guerrero está inmerso en una gravísima crisis de violencia aderezada con
casos cada vez más patentes de violaciones a los derechos humanos por parte de
agentes del estado, que se manifiestan en las crecientes agresiones descaradas
y directas contra periodistas, en su condición de representantes de la
sociedad.
Aunque
se escuche descabellado, habrá que considerar la pena de muerte en la agenda de
la discusión pública.
Muchas
buenas conciencias seguramente se horrorizarán ante tal propuesta. Y tienen
absolutamente la razón. Otros dirán que se trata de un paso involutivo en el
proceso histórico. Y sí, lo es. Pero a veces hay que volver el rostro al pasado
para buscar salidas al presente, que se vislumbra cada vez más espeluznante.
Otros más dirán que no se ha demostrado que la pena de muerte tenga un efecto
disuasivo en el combate al crimen. Eso estaría sujeto a discusión.
De
acuerdo con información de Amnistía Internacional (AI), un total de 58 países
del mundo aplican la pena de muerte para sancionar crímenes comunes, en tanto
otros siete la aplican para penalizar crímenes excepcionales. Otros 35 países,
entre ellos México, tienen la pena capital en su legislación, pero no la
aplican.
En
América son varios países los que aplican la pena de muerte, entre ellos los Estados
Unidos y Cuba -las antípodas ideológicas-, además de los vecinos Guatemala y
Belice, sin contar con una lista substancial que incluye a Barbados, Bahamas,
Antigua, Guinea, Jamaica, Santa Lucía y Trinida y Tobago, entre otras naciones
caribeña y sudamericanas.
Son
Arabia Saudita -esa monarquía vetusta-, China, Estados Unidos, Irán e Irak los
países que más aplican la pena de muerte para sancionar todo tipo de crímenes,
además de que en el pasado reciente se reanudaron las ejecuciones en India,
Pakistán, Japón y Gambia.
En
el caso de México, la pena de muerte está contemplada en el artículo 22 de la
Carta Magna que sanciona la traición a la patria, el parricidio, al
incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y al homicidio
cuando se comete con premeditación, alevosía y ventaja.
Como
lo dijimos, la pena capital en México no se ha aplicado de manera oficial como
cumplimiento de una resolución judicial, pero hay innumerables testimonios de
ejecuciones extrajudiciales que se han perpetrado para proteger intereses de la
élite o del estado. Sólo recordemos los tiempos de la guerra sucia.
¿Qué
es lo que habrá que discutir en el turno de la sociedad mexicana? Pues en qué
casos sería meritoria la pena capital.
Habrá
que considerar la pena de muerte para sancionar crímenes excepcionales, como
son los casos de secuestros en los que la víctima invariablemente es torturada
y asesinada; en los casos de infanticidio, los homicidios cometidos con las
tres agravantes de ley pero, además, donde haya mediado tortura; para penalizar
los casos graves de corrupción, especialmente donde hayan intervenido servidores
públicos y, por supuesto, los casos de enriquecimiento inexplicable de
funcionarios de gobierno.
¿Que
la pena de muerte no corrige nada? Claro que no: el objetivo es sancionar los
crímenes excepcionales especialmente para proteger al resto de la sociedad.
Para qué queremos miles de delincuentes en prisión, donde los alimentamos de
por vida, si además ya no alcanzan las prisiones que, adicionalmente, están
convertidas en verdaderas universidades del crimen -sin contar con que los
penales están en la ruta de convertirse en bombas de tiempo-.
Así,
habrá que aplicar la pena de muerte a los asesinos recurrentes, a los
plagiarios, a los torturadores, a los infanticidas y a los servidores públicos
corruptos.
¿Qué
no disuade a nadie de cometer crímenes? Bueno, está por verse. Pero sin duda
muchos lo meditarán dos veces antes de pensar en atacar, lastimar o asesinar a
personas inocentes.
Como
lo anticipamos, muchos se horrorizarán con tal propuesta. Y siguen teniendo la
razón. Pero ¿acaso no se horrorizan de lo que está padeciendo actualmente
México, de lo que están sufriendo miles de familias guerrerenses a causa de la
violencia incontenible? ¿Acaso creen que esta espiral sangrienta va a declinar
por sí sola? La verdad, lo dudo mucho.
Piénselo
amigo lector: A grandes males…
