Médula
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La falla
en seguridad y justicia es funcional
Por Jesús Lépez Ochoa
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| Jesùs Lòpez Ochoa. Periodista. |
Del Índice General de
Impunidad México 2016 presentado la semana pasada por investigadores de la
Universidad de las Américas Puebla, vale la pena no sólo destacar que Guerrero
es el sexto estado del país con un grado de impunidad considerado muy alto,
sino las deficiencias en el funcionamiento de su sistema de seguridad y
justicia, que lo colocan en esa deshonrosa posición.
Comencemos por lo
terriblemente preocupante de que el estudio no incluya la dimensión de los
derechos humanos, debido a que los investigadores consideran que la información
que las comisiones estatales proporcionan al INEGI es poco confiable. Peor aún,
que pongan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, como ejemplo
de lo anterior.
“Llama la atención que estados
como Guerrero por ejemplo, no tengan ninguna recomendación en un periodo tan
álgido como el que estamos presentando”, dice textualmente el documento. El
periodo al que se refiere, es del año 2010 al 2014, en el que para la Coddehum,
no hubo en el estado desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales,
encarcelamientos políticos, ni casos de tortura.
El estado es considerado como
el que registra más casos de desaparición forzada en el país; 247 de los 989
registrados por la PGR de 2007 a 2015.
Otro señalamiento de
desconfianza en cuanto a sus datos, es hacia la Fiscalía de Guerrero, que
reportó como determinadas todas sus averiguaciones previas, lo cual, subrayan
los investigadores, indica una irregularidad en cuanto al reporte de delitos,
debido a que en los otros estados el número de averiguaciones varía en cuanto a
las que ameritaron una determinación.
Pero el problema no es
solamente la omisión y falta de transparencia en cuanto a la información
oficial, sino que el estudio revela que las fallas en el sistema de seguridad y
justicia del estado no son estructurales, sino de funcionalidad, lo cual es
sumamente grave, porque es precisamente la funcionalidad la que determina el
grado de impunidad.
La falla no es estructural,
porque si bien hay menos agencias del Ministerio Público que el promedio
nacional de 3.2 por cada 100 mil habitantes, en ellas trabajan 11 agentes del
MP por cada mil delitos registrados; la media nacional es de cinco.
También hay 22 policías
ministeriales por cada 100 mil habitantes, el doble de la media nacional; y el
personal destinado a funciones de seguridad pública también supera el promedio.
En lo que respecta al Tribunal
Superior de Justicia tiene más magistrados y jueces, pero menos secretarios que
la media nacional. Es decir, existe más personal que se dedica a juzgar que el
necesario para sacar adelante las labores burocráticas propias de los procesos.
La falla es funcional, porque
el porcentaje de encarcelados es menor a la media nacional. En el caso de
homicidios se encarcela al 12 por ciento cuando el promedio en el país es de 28
por ciento. Pero también, porque hay fallas en el proceso de enjuiciamiento que
dan como resultado un 10 por ciento de más reclusos sin sentencia que en el
promedio nacional.
Otro aspecto importante que
revela el estudio, es que de nada sirve la intervención federal si las fallas
en el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia local permiten la
impunidad. Al menos seis de los estados en los que desde el año 2007 se
implementan operativos conjuntos, están en el grupo de entidades con grado de
impunidad muy alto, entre éstos Guerrero.
Aunque el año base de esta investigación
es el 2013, la probabilidad de que algo haya cambiado es casi nula, por lo que
el actual gobierno de Héctor Astudillo debe poner énfasis en corregir la
situación a través de su gabinete de seguridad, la Fiscalía y el Tribunal
Superior de Justicia.
El personal suficiente ahí
está, sólo requiere ser reorganizado y vigilado para que cada quien cumpla su
función.
jalepezochoa@gmail.com
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