Epístolas
Surianas
(Carta a Don Héctor)
De Julio Ayala Carlos
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| Julio Ayala Carlos. Periodista. |
ES CIERTO. MIENTRAS no se
reforme la ley, lo que se conoce como Mando Único Policial sólo podrá
implementarse si los ayuntamientos así lo acuerdan. De no elevarse a rango
constitucional, los gobiernos municipales pueden, sin que eso implique violar
la ley, negarse a ello.
Y es que el artículo 115 es
muy claro. La fracción tercera de éste señala que “Los municipios tendrán a su
cargo las funciones y servicios públicos siguientes: h) Seguridad pública, en
los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal
y tránsito, aunque en la cuarta, inciso a) párrafo segundo, dice: Los
municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo
de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
Por eso es que a la Conago, en
la que participan los gobernadores de los estados del país, incluida la hoy
Ciudad de México, les urge que se reforme la Carta Magna. Seguramente así será,
pero, ¿y la autonomía del municipio?
Hay que decirlo. El debate del
Mando Único Policial, que pretende la desaparición de mil 800 corporaciones
policiacas municipales, para dar paso a la creación y operación de 32 policías
estatales, no solo es legal, sino también económica.
Legal porque implica quitarle
a los municipios la responsabilidad sobre la seguridad pública, establecida,
como ya dijimos en el 115 Constitucional, y económica, porque dejarían de
disponer de los 5 mil 952 millones de pesos que fueron asignados al nuevo
Subsidio para la Seguridad Pública, que fusionó al Subsidio para la seguridad
en los Municipios (Subsemun), y Subsidio para las Entidades Federativas para el
Fortalecimiento de las Instituciones de seguridad Pública en materia de Mando
Policial, que en el 2015 en conjunto equivalían a 7 mil 653 millones de pesos.
Además de tener un solo
subsidio y disminuido, por el Mando Único los municipios se quedarían sin los
porcentajes que cada uno tiene asignado del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), por un total de 7 mil millones de pesos; y el
relacionado con la prevención de delitos por 2 mil 600 millones de pesos.
Hay que señalar que la idea
del Mando Único fue una propuesta de Genaro García Luna cuando era el
secretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón. El 7 de octubre
de 2010, Calderón envió a la Cámara de Senadores una iniciativa para la
creación del Mando Único policial. A la misma se opuso el PRI en su momento,
aun y cuando el argumento, entre otros muchos, era reestructurar la policía y
recuperar la confianza ciudadana para salvaguardar la protección de la
población.
Después de los hechos de
Iguala, Guerrero, cuando el 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en diciembre de ese año, el presidente
Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República una iniciativa para reformas
en seguridad y justicia.
Esta iniciativa plantea
modificar siete artículos de la Constitución federal –21, 73, 104, 105, 115,
116 y 123– y los objetivos son definir el esquema de Mando Único policial en
los estados, facultar al Congreso para expedir leyes generales en materia
penal, y establecer la posibilidad de que el gobierno federal asuma la
dirección de un municipio cuando haya indicios de que fue infiltrado por la
delincuencia.
Por cierto, salvo el
gobernador del estado, nadie, ni siquiera el secretario de Seguridad Pública
estatal, ha dicho nada sobre el Mando Único Policial. O no le interesa o ni
siquiera sabe de qué se trata.
A propósito, alguien sabe cuál
es la situación del Mando Único en Chilpancingo? El anterior gobierno
municipal, el que encabezó Mario Moreno Arcos, fue el primero en firmar el
acuerdo, cubriendo además con cada uno de los requisitos que establece el
mismo, entre ellos la certificación de la policía municipal, además de
transferir el mando policiaco al Gobierno del estado, incluyendo parque
vehicular, armamento y equipo de radiocomunicación.
A lo mejor ni el propio
alcalde lo sabe, pues en vez de fortalecerlo, le apuesta más a su programa “Vecino
vigilante”, por el cual la población se hace cargo de la seguridad de su calle,
barrio o colonia, ante la falta de policías en el municipio. Lo anterior
significa, primero, la incapacidad para brindar seguridad pública, y segundo,
que el gobierno de la capital del estado está dejando en manos de la población
lo que por ley está obligado a hacer.
Y si el gobierno municipal
está dejando la seguridad pública en manos de la población, para que se proteja
como mejor pueda, la pregunta es si también le va transferir a los comités de
“Vecino vigilante” los recursos que mes a mes recibe para seguridad pública,
entre ellos para el pago de policías que, de acuerdo al propio edil, hacen
falta en Chilpancingo.
Porque, si no hay policías, es
obvio que alguien se está quedando con los recursos destinados a seguridad
pública que, como ya he dicho, llegan puntualmente al gobierno municipal. Y es
que, es obvio que si los vecinos realizan acciones de vigilancia y prevención
del delito, es obvio que los recursos deben llegarles.
Por último, qué bueno que
nuestro señor presidente municipal ya descubrió que en el mercado central está
que arde por la disputa que mantiene la delincuencia organizada.
Comentarios: julio651220@hotmail.com
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