Bajo Fuego
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2016, el reto
José Antonio Rivera Rosales
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| José Antonio Rivera. Periodista |
El trágico episodio de los
secuestrados en los municipios de Arcelia y Ajuchitlán terminó el pasado fin de
semana en el rescate con vida de 25 personas, lo que destensó la angustiosa
espera a la que fueron sometidos sus familiares y la sociedad guerrerense
entera, porque muchos pensaban que la crisis terminaría eventualmente en una
masacre.
Para lograr la liberación de los
secuestrados, el gobierno de Héctor Astudillo implementó un operativo de más de
500 hombres que, distribuidos entre fuerzas de seguridad federales y locales,
obligaron a los delincuentes a liberar a los plagiados.
Por desgracia no todo fue un final feliz: el
día 9, cuando un grupo criminal secuestró a los civiles que se dirigían a una
boda en las inmediaciones de Arcelia, asesinaron primero a dos taxistas y,
posteriormente, dejaron en el camino a otro ciudadano ultimado, a quien más
tarde se le conocería como un empresario local de nombre José Eutimio Tinoco,
conocido popularmente como El Rey de la
Tortilla.
En Santa Ana del Águila, municipio de
Ajuchitlán, cinco humildes maestros de secundaria corrieron la misma suerte:
fueron secuestrados por hombres armados con fusiles que se los llevaron con
rumbo desconocido. En apariencia debido a complicaciones médicas, en el
trayecto falleció uno de ellos, el director de la Escuela Secundaria Técnica
114, Joaquín Real Toledo, un maestro muy querido por la comunidad.
Ambos grupos de víctimas, los secuestrados
en Arcelia y los maestros plagiados en Ajuchitlán, aparecieron en el municipio
de San Miguel Totolapan, lastimados pero sanos.
Aunque
por desgracia cuatro vidas se perdieron, las autoridades lograron la libertad
con vida de 25 víctimas que el mismo día de su liberación, el viernes pasado,
se reunieron son sus seres queridos.
Este es un trance de prototipo en el que la
coordinación de Fuerzas Federales y estatales alcanzó un éxito inequívoco sobre
los grupos violentos, lo que merece ser reconocido por propios y extraños.
En el operativo participaron efectivos de
Infantería de Marina, soldados de la Novena Región Militar, agentes de la
Policía Federal, de la Fuerza Estatal y del Grupo Táctico Antisecuestro (GTA)
de la Fiscalía General del Estado, quienes lograron finalmente su cometido: la
liberación de las víctimas.
Pero quienes se llevan las palmas son dos
personajes: el mando territorial de la Defensa, general Alejandro Saavedra, y
el gobernador Héctor Astudillo, quien supervisó paso a paso el gigantesco
operativo de rescate, que en todo momento contó con el apoyo de helicópteros
militares que desarrollaron labores de reconocimiento aéreo. Esta es una prueba
palpable de que, si se lo proponen y hacen de lado intereses mezquinos, los
gobiernos federal y estatal pueden ofrecer resultados plausibles a la
población.
Empero, este sórdido episodio en el que
estuvo todo el tiempo en peligro la vida de tantas personas implicadas en un
secuestro masivo, sólo es un capítulo en el largo historial de violencia que ha
azotado a Guerrero, mucho más que a otros estados del país.
En septiembre de 2015, en una entrega
anterior, mencionábamos los resultados de una investigación de la prestigiosa
fundación Open Society, que daba cuenta del número de homicidios violentos
cometidos entre 2005 y 2014, es decir entre los gobiernos de Zeferino
Torreblanca y Ángel Aguirre: 19 mil 434.
Afirmábamos entonces que, para diciembre de
2015, tendríamos una cifra de muertes superior a las 20 mil personas. Pero, si
atendemos las estimaciones de cifra negra, que pueden elevarse al 80 por ciento,
entonces la estimación asciende a una horrísona cifra cercana a las 40 mil
muertes violentas.
Este sería el escenario más realista al que
se enfrenta Héctor Astudillo en la difícil -casi imposible- tarea de procurar e
impartir justicia mediante los débiles instrumentos con que cuenta la Fiscalía
General del Estado y una administración de justicia que se duerme en sus
laureles -más cuando se acusa a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana, de colaborar con la impunidad al ocultar videos
del escabroso caso de desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa-.
La violencia que ha sentado sus reales en la
vertiente interior de la Sierra Madre del Sur, proveniente de bandas delictivas
emergentes, ha generado un caudal de víctimas tan numeroso que, si se hiciera
un recuento cuidadoso, arrojaría con seguridad varios miles de casos de
desplazados, esclavizados y asesinados, además de los secuestrados con
objetivos claramente económicos.
En principio, esa violencia fue generada por
bandas de sicarios bautizados por los pobladores como “Los Pintos”, en alusión
a su uniforme de camuflage, armamento de fusilería y desplazamiento en forma de
guerrilla, encabezados por Johnny Hurtado Olascoaga, el sanguinario capo
conocido con el alias de El Pez, jefe
de la Familia Michoacana, una veintena de cuyos mercenarios fueron abatidos en
Tlatlaya por tropas del Ejército Mexicano, incluido su segundo de a bordo.
Esa batida en la sierra guerrerense -en la
que entre 2012 y 2014 desplazó a cientos de familias de los municipios de Arcelia,
San Miguel Totolapan, Apaxtla, Ajuchitlán, Chichihualco y Tlacotepec- tiene su
principal motivación en la producción de amapola pero, también, en el cinturón
de oro que discurre por toda la región y que, a posteriori, se convirtió en la
principal motivación de la actividad delincuencial.
Pero a esa disputa se han integrado ya otras
bandas locales, como la de El Tequilero
en San Miguel Totolapan o Los Villalobos
en Tlacotepec y Chichihualco, que mantienen en la zozobra a cientos de familias
pobres.
En el caso que nos ocupa fue la banda de El Tequilero la que asesinó a estas
últimas personas y secuestró a los 25 ciudadanos de esa región, a quienes en
una alocución grabada aseguró que son autodefensas cuando en realidad se trata de
los asesinos más despiadados, que usan como rehenes a civiles inocentes para
presionar a las autoridades.
El siguiente paso de las autoridades es
capturar a esos delincuentes y presentarlos ante la justicia. Labor nada fácil,
pero necesaria para llevar la tan ansiada paz a decenas de miles de
guerrerenses. Ese es el reto para este 2016.
Y sí: el estado de Guerrero nos necesita a
todos.
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