Epístolas
Surianas
(Carta a Don Héctor)
De Julio Ayala Carlos
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| Julio Ayala Carlos. Periodista. |
EN EFECTO. EL DERECHO de
audiencia es el derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa, así
como para ser recibida, oída y atendida por la autoridad dentro de un plazo
razonable, como bien lo dice el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos
en el estado, Ramón Navarrete Magdaleno. Sin embargo, tal parece que aún hay
funcionarios de gobierno que no lo entienden.
Solo así se entiende que el
Frente de Grupos Vulnerables y Personas con Capacidades Diferentes, que
encabeza Silvestre Rodríguez Fernández, haya solicitado la intervención de la
Coddehum para concretar una reunión con autoridades de gobierno, con el fin de
plantearles solución a sus demandas en favor de sus representados.
Y es que la gestión es uno de
los servicios que brinda el organismo defensor de los derechos humanos del
estado, contemplado en el Artículo 3, fracción XIX de su Ley Orgánica, por lo
que su presidente Ramón Navarrete Magdaleno atendió a integrantes de esa
organización social, quien le hizo la petición de solicitar, en su nombre, una
audiencia con autoridades gubernamentales para plantearles asuntos relacionados
con pensión vitalicia, mejores oportunidades de empleo, microcréditos y
paquetes de viviendas que coadyuven en una mejora de vida para este sector
vulnerable de la sociedad guerrerense.
Y obvio, el ombudsman
guerrerense, como lo ha hecho siempre, cuando al igual que ahora acuden a la
Coddehum las organizaciones sociales o de manera particular a solicitar su
intervención, se comprometió a realizar todas las gestiones necesarias para
concretar las mesas de trabajo y dar solución a las peticiones del Frente de
Grupos Vulnerables y Personas con Capacidades Diferentes.
Qué bueno que haya
instituciones, como la Comisión de los Derechos Humanos del estado, que sirvan de
enlace para concretar encuentros entre las autoridades de gobierno y las
organizaciones sociales como es el caso, pero qué grave que se tenga que
recurrir a ellos para que los servidores públicos, en este caso los
funcionarios, para que éstos reciban y atiendan a la población como es su
obligación.
Ojalá y se ponga orden en
ello, pues el gobierno, y en consecuencia los funcionarios de gobierno, no solo
están obligados a recibir en audiencia y atender a los guerrerenses, sino que
se deben a ellos, toda vez que para eso se les paga y por eso es que se les
denomina servidores públicos.
EN OTRO ASUNTO, como
seguramente sabes, el coordinador de los presidentes municipales del PRD, Pablo
Higuera Fuentes, informó que los alcaldes emanados de su partido acordaron
esperar la propuesta sobre el Mando Único Policial, a fin de analizarla y
determinar si se suman o presentan una propuesta alterna en materia de
seguridad pública.
Lo anterior debido a que el
asunto del Mando Único Policial, el cual ha desatado una polémica entre el
alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, y diputados del
Movimiento Ciudadano, luego de que hay la intención de concretar esta acción en
un periodo de seis meses. En este sentido, Pablo Higuera precisó que “no
conocemos el tema, y por lo tanto no nos da muchos elementos para analizarlo”,
y en consecuencia “no se trata solo de decir sí o no”, sino de analizar a
detalle el tema, que es complejo.
El edil perredista recordó que
en las administraciones municipales anteriores se planteó que alrededor de
siete municipios entraran al esquema del Mando Único, entre ellos Acapulco,
Zihuatanejo y Chilpancingo, y sin embargo “hemos visto que no ha avanzado el
asunto, incluso en Eduardo Neri encontramos una Policía desarmada, que no estaba
en funciones, por lo que hoy la seguridad corre a cargo de la Policía federal,
precisamente porque se estaba trabajando en ese tema del Mando Único”.
POR ÚLTIMO. NO LE FALTA RAZÓN
al ex diputado local Antonio “Toño” Gaspar Beltrán. Chilpancingo es una ciudad
capital descuidada, sin ley, y sin autoridad, y lo que es peor, con altos
índices de inseguridad y violencia, de ahí que muchas familias se están yendo y
los comerciantes cerrando sus negocios.
Y puntualiza: “No vemos
autoridades que tengan ética moral, compromiso social y político”. Añade: “No
sé a quién le convenga todo este escenario que estamos viviendo, pero no
podemos heredar a nuestros hijos este mundo en que vivimos”, tras señalar que
sabe que son más las familias nativas de Chilpancingo que están dejando la
ciudad ante sus altos niveles de violencia, una capital que llama actualmente
“sin ley”.
Pero no solo eso, dice Toño
Gaspar: “Vemos calles destrozadas, llenas de basura; una ciudad descuidada, sin
ley. Es una ciudad que está ansiosa porque quienes nos gobiernan se interesen
en llamar a la gente a participar. Pudieran ponerse mil pretextos, uno de ellos
es que no hay recursos económicos para atender las necesidades de la gente,
pero creo que no todo se resuelve con dinero, hay que apostarle a la
sensibilidad social, al compromiso, al amor por Chilpancingo”.
Sin embargo, hay dudas que el
actual alcalde, Marco Antonio Leyva Mena tenga ese compromiso que se requiere
por Chilpancingo. Claro. Lo dijo en campaña, pero eso fueron promesas.
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julio651220@hotmail.com
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